Copiapó, capital de la Región de Atacama, ciudad minera típica, no se escapa a los fenómenos naturales y sociales de las localidades que basan su actividad económica en la explotación y exploración minera. Ríos secos, relaves en medio de la ciudad, explosión demográfica, población flotante, aumento de precios y el respectivo costo de la vida, auge económico, migración nacional e internacional, demandas sociales y ciudadanas para que alguien o algo absorba las externalidades negativas de la actividad minera... un sin fin de problemas más, pero sin duda que hay una que duele un poco más, que llaga más la herida: los recursos que derivan de las ganancias de la producción minera y su comercialización parecen pedacitos de islas de hierro atraídos magnéticamente a un imán gigantesco que habita en Santiago, capital nacional. Algunos le llaman poder.
Pero hay otra arista cuyo análisis ha sido más bien débil y ocasional: la vivienda. Por lo general, un tema logra tomarse la agenda pública luego de algún evento focalizante como se denomina en el lenguaje de las políticas públicas a los eventos o hechos que concitan la opinión pública y la hacen más sensible respecto de un problema público como ha sido el derrumbe de la mina San José en 2010 que evidenció a un disminuido Servicio Nacional de Geología y Minería e Inspección del Trabajo, como lo fueron los atentados terroristas en Santiago tras la colocación de bombas en concurridos lugares y que dejó en el descubierto una política de inteligencia y seguridad interna más bien vulnerable.
En el caso de la política de vivienda o habitacional es posible encontrar eventos que en su mérito serían lo suficientemente potentes para catalizar gestiones orientadas a generar viviendas que den dignidad y calidad de vida a sus habitantes además de seguridad en su posesión, goce y uso; me refiero a los terremotos de 2010 en la zona centro sur chilena y el que en primer semestre de 2014 azotó al Norte Grande, así como al mega incendio que quemó poblaciones enteras en los cerros de Valparaíso también en el primer semestre. La simple lógica, el más sentido de los comunes indicaría una revisión inmediata por parte de la autoridad de los estándares de construcción con que se edifican y levantan casas en el país, revista a las garantías de edificación en lugares seguros, de fácil acceso a los servicios básicos, cercanos a escuelas, consultorios, centros comerciales de abastecimiento, comisarías, etc., lo que en otras palabras se resumiría en una revisión al diseño de poblaciones y conjuntos habitacionales, a los planos reguladores de las comunas cuyo uso de suelo traba las nuevas concepciones de diseño de una comuna moderna, de los indicadores de crecimiento demográfico y poblacional en ciertas comunas y de cómo ello entra en proporción con la oferta privada y estatal subsidiaria de vivienda, los precios de los arriendos y dividendos, el surgimiento de tomas ilegales de terreno y más.
Puede que lo anterior esté estudiado ya (no pretendo descubrir América), que se hayan hecho los esfuerzos por parte de la autoridad pública para asegurar una vivienda digna, pero evidentemente no ha sido suficiente. Por una parte, mientras desde las regiones escuchamos por las noticias cómo en la Municipalidad de Santiago y de Providencia se congelan permisos de edificación en sectores determinados, en Copiapó vemos todos los días en los diarios los elevados costos de arriendo de viviendas vis a vis una población que crece más y más dentro de una ciudad que tiene cada vez menos lugares a los que expandirse.
Hace meses fue inaugurado un condominio con dos torres de edificios y los malos resultados de las ventas dejan a la vista menos del diez por ciento de ocupación y una tela que cuelga flamante rezando "entrega inmediata". Muchos pensamos que los departamentos iban a ser un éxito de ventas porque las páginas web radiales de la ciudad se reventaban con solicitudes y consultas de arriendo, sin embargo, el alza sostenida de precios producto de los sueldos que ofrece la minería terminó por levantar una barrera económica que no ha podido ser superada por muchas familias.
Mientras tanto, en otros sectores residenciales de la comuna surgen diversas tomas ilegales de terreno como otro síntoma de la débil y lenta respuesta que tanto el mercado como el Estado dan a las demandas de los copiapinos. Sumado el mínimo nivel de riesgo moral de los pobladores de las tomas ilegales con una pobre política habitacional local, se van formando y regenerando cordones de marginalidad en los cerros más agrestes de Copiapó ante la paciencia y permisividad del Gobernador que al no desalojar estas tomas ilegales pone en serio riesgo a los pobladores si se considera que no poseen acceso al agua potable ni a electricidad (pero sí poseen grandes vehículos y mediaguas más grandes que las casas de las poblaciones adyacentes, a las que nuestros vecinos y padres postularon veinticinco años atrás con verdadero esfuerzo y necesidad). Los pobladores además de vulnerar el derecho de propiedad, atentan contra la salud y calidad de vida de sus propias familias, una fuerte lluvia podría barrer con sus viviendas o un incendio podría poner en riesgo la vida de los habitantes de las mediaguas. ¡Cuán poco se ha aprendido del incendio en las poblaciones de los cerros de Valparaíso!
Ciertamente que existe un problema, una falta de oportunidad en la acción pública del Estado cuya acción se basa en la entrega de subsidios de vivienda social o impulsa el arriendo, pero siendo francos, ¿no hará falta algún incentivo mayor a la construcción, a la regulación del alza de los precios en general, o la denominación de Atacama como una región extrema? También la escasez hídrica es un agravante, si es que no una raíz del problema tratado, por cuanto el agua es un recurso indispensable tanto en la construcción de conjuntos habitacionales como en la posterior distribución del bien destinado al consumo humano. Ya es indesmentible que nuestra cuenca hídrica no está dando el ancho con las necesidades humanas e industriales de la región puesto que por la distribución geográfica de los asentamientos humanos e industriales la gran minería es la primera en cortar la primera y gran tajada de flujo acuífero para que el resto lo pelee el agro copiapino y la población... si adherimos a la batalla a las constructoras el panorama empeora más. El agua, recurso de composición natural para el sustento vital es también un recurso económico para el sustento material y que por lo tanto se transa en un mercado cuya industria está débilmente regulada.
En el lenguaje de las políticas públicas y a la luz de la teoría aportada por John Kingdon, el desarrollo de una política seria consiste de la existencia de tres tipos de procesos que fluyen por corrientes distintas y paralelas, a saber, una definición y delimitación del problema público, una serie de alternativas debidamente estudiadas y contrastadas científicamente, y un proceso político en donde diversos actores de poder están dispuestos a avalar e impulsar alguna solución. Afortunadamente, el aporte teórico de John Kingdon va mucho más allá de lo mencionado, que sin embargo, es lo medular y para efectos de esta columna no es necesario ahondar. Una vez que estas tres corrientes de procesos confluyen se abre una ventana de oportunidad que ofrece justamente a la autoridad pública la chance de dar categoría de problema público a una situación negativa, pero ello no siempre está destinado a suceder y por tanto he ahí la importancia de los eventos focalizantes mencionados párrafos atrás.
¿Y qué hay de todo esto en la política pública habitacional en Copiapó? La buena fe institucional permitiría dar por hecho la definición del problema con un respectivo árbol de problema y objetivos en que se identifiquen claramente los flancos a intervenir y los parámetros, las situaciones deseadas y en relación a esto, una serie de alternativas de solución a implementarse. No obstante, la tercera corriente está ausente, perdida, oculta, arcana. La necesidad de que algún parlamentario/a, alcalde, autoridad central u organizaciones de la sociedad civil tomen valientemente esta bandera de lucha (a la luz de toda evidencia, abandonada o poco considerada en las arenas de la política) es urgente. También urge que la autoridad pública no espere eventos desastrozos al respecto para tomar decisiones, sino que se involucre de oficio en avanzar a las reales soluciones que el problema amerita. Si bien el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla un programa ambicioso y generoso con énfasis en tres principales reformas del Estado (educacional, tributaria y constitucional) que requiere una concentración de los esfuerzos y los recursos para su logro en cuatro años, ello no constituye una excusa para descuidar el resto de políticas sectoriales en donde se ubicaría la habitacional.
Son tantos los desincentivos para vivir en Copiapó que deberían abortar per se cualquier voluntad de raigambre en la zona, tantos son los desincentivos que cuesta creer que sólo por dinero migrantes nacionales e internacionales estén dispuesto a venir a probar suerte sin la garantía más mínima de éxito. Vislumbra, pues, la poca capacidad de atracción que tienen otros polos de desarrollo y de actividad económica para mantener a sus habitantes en sus zonas respectivas, tanto en el resto de Chile como en el vecindario. Las razones del problema vivienda están a la vista, una solución efectiva no tanto, ni en el corto plazo ni en el mediano, lo que es lamentable si se entiende que una vivienda conforma el hogar donde reside el núcleo de la base de la sociedad (la familia) y que por lo tanto debiera tener un trato más acucioso y ambicioso, el trato digno que merece el lugar que los chilenos elegimos para vivir.
En el caso de la política de vivienda o habitacional es posible encontrar eventos que en su mérito serían lo suficientemente potentes para catalizar gestiones orientadas a generar viviendas que den dignidad y calidad de vida a sus habitantes además de seguridad en su posesión, goce y uso; me refiero a los terremotos de 2010 en la zona centro sur chilena y el que en primer semestre de 2014 azotó al Norte Grande, así como al mega incendio que quemó poblaciones enteras en los cerros de Valparaíso también en el primer semestre. La simple lógica, el más sentido de los comunes indicaría una revisión inmediata por parte de la autoridad de los estándares de construcción con que se edifican y levantan casas en el país, revista a las garantías de edificación en lugares seguros, de fácil acceso a los servicios básicos, cercanos a escuelas, consultorios, centros comerciales de abastecimiento, comisarías, etc., lo que en otras palabras se resumiría en una revisión al diseño de poblaciones y conjuntos habitacionales, a los planos reguladores de las comunas cuyo uso de suelo traba las nuevas concepciones de diseño de una comuna moderna, de los indicadores de crecimiento demográfico y poblacional en ciertas comunas y de cómo ello entra en proporción con la oferta privada y estatal subsidiaria de vivienda, los precios de los arriendos y dividendos, el surgimiento de tomas ilegales de terreno y más.
Puede que lo anterior esté estudiado ya (no pretendo descubrir América), que se hayan hecho los esfuerzos por parte de la autoridad pública para asegurar una vivienda digna, pero evidentemente no ha sido suficiente. Por una parte, mientras desde las regiones escuchamos por las noticias cómo en la Municipalidad de Santiago y de Providencia se congelan permisos de edificación en sectores determinados, en Copiapó vemos todos los días en los diarios los elevados costos de arriendo de viviendas vis a vis una población que crece más y más dentro de una ciudad que tiene cada vez menos lugares a los que expandirse.
Hace meses fue inaugurado un condominio con dos torres de edificios y los malos resultados de las ventas dejan a la vista menos del diez por ciento de ocupación y una tela que cuelga flamante rezando "entrega inmediata". Muchos pensamos que los departamentos iban a ser un éxito de ventas porque las páginas web radiales de la ciudad se reventaban con solicitudes y consultas de arriendo, sin embargo, el alza sostenida de precios producto de los sueldos que ofrece la minería terminó por levantar una barrera económica que no ha podido ser superada por muchas familias.
Mientras tanto, en otros sectores residenciales de la comuna surgen diversas tomas ilegales de terreno como otro síntoma de la débil y lenta respuesta que tanto el mercado como el Estado dan a las demandas de los copiapinos. Sumado el mínimo nivel de riesgo moral de los pobladores de las tomas ilegales con una pobre política habitacional local, se van formando y regenerando cordones de marginalidad en los cerros más agrestes de Copiapó ante la paciencia y permisividad del Gobernador que al no desalojar estas tomas ilegales pone en serio riesgo a los pobladores si se considera que no poseen acceso al agua potable ni a electricidad (pero sí poseen grandes vehículos y mediaguas más grandes que las casas de las poblaciones adyacentes, a las que nuestros vecinos y padres postularon veinticinco años atrás con verdadero esfuerzo y necesidad). Los pobladores además de vulnerar el derecho de propiedad, atentan contra la salud y calidad de vida de sus propias familias, una fuerte lluvia podría barrer con sus viviendas o un incendio podría poner en riesgo la vida de los habitantes de las mediaguas. ¡Cuán poco se ha aprendido del incendio en las poblaciones de los cerros de Valparaíso!
Ciertamente que existe un problema, una falta de oportunidad en la acción pública del Estado cuya acción se basa en la entrega de subsidios de vivienda social o impulsa el arriendo, pero siendo francos, ¿no hará falta algún incentivo mayor a la construcción, a la regulación del alza de los precios en general, o la denominación de Atacama como una región extrema? También la escasez hídrica es un agravante, si es que no una raíz del problema tratado, por cuanto el agua es un recurso indispensable tanto en la construcción de conjuntos habitacionales como en la posterior distribución del bien destinado al consumo humano. Ya es indesmentible que nuestra cuenca hídrica no está dando el ancho con las necesidades humanas e industriales de la región puesto que por la distribución geográfica de los asentamientos humanos e industriales la gran minería es la primera en cortar la primera y gran tajada de flujo acuífero para que el resto lo pelee el agro copiapino y la población... si adherimos a la batalla a las constructoras el panorama empeora más. El agua, recurso de composición natural para el sustento vital es también un recurso económico para el sustento material y que por lo tanto se transa en un mercado cuya industria está débilmente regulada.
En el lenguaje de las políticas públicas y a la luz de la teoría aportada por John Kingdon, el desarrollo de una política seria consiste de la existencia de tres tipos de procesos que fluyen por corrientes distintas y paralelas, a saber, una definición y delimitación del problema público, una serie de alternativas debidamente estudiadas y contrastadas científicamente, y un proceso político en donde diversos actores de poder están dispuestos a avalar e impulsar alguna solución. Afortunadamente, el aporte teórico de John Kingdon va mucho más allá de lo mencionado, que sin embargo, es lo medular y para efectos de esta columna no es necesario ahondar. Una vez que estas tres corrientes de procesos confluyen se abre una ventana de oportunidad que ofrece justamente a la autoridad pública la chance de dar categoría de problema público a una situación negativa, pero ello no siempre está destinado a suceder y por tanto he ahí la importancia de los eventos focalizantes mencionados párrafos atrás.
¿Y qué hay de todo esto en la política pública habitacional en Copiapó? La buena fe institucional permitiría dar por hecho la definición del problema con un respectivo árbol de problema y objetivos en que se identifiquen claramente los flancos a intervenir y los parámetros, las situaciones deseadas y en relación a esto, una serie de alternativas de solución a implementarse. No obstante, la tercera corriente está ausente, perdida, oculta, arcana. La necesidad de que algún parlamentario/a, alcalde, autoridad central u organizaciones de la sociedad civil tomen valientemente esta bandera de lucha (a la luz de toda evidencia, abandonada o poco considerada en las arenas de la política) es urgente. También urge que la autoridad pública no espere eventos desastrozos al respecto para tomar decisiones, sino que se involucre de oficio en avanzar a las reales soluciones que el problema amerita. Si bien el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla un programa ambicioso y generoso con énfasis en tres principales reformas del Estado (educacional, tributaria y constitucional) que requiere una concentración de los esfuerzos y los recursos para su logro en cuatro años, ello no constituye una excusa para descuidar el resto de políticas sectoriales en donde se ubicaría la habitacional.
Son tantos los desincentivos para vivir en Copiapó que deberían abortar per se cualquier voluntad de raigambre en la zona, tantos son los desincentivos que cuesta creer que sólo por dinero migrantes nacionales e internacionales estén dispuesto a venir a probar suerte sin la garantía más mínima de éxito. Vislumbra, pues, la poca capacidad de atracción que tienen otros polos de desarrollo y de actividad económica para mantener a sus habitantes en sus zonas respectivas, tanto en el resto de Chile como en el vecindario. Las razones del problema vivienda están a la vista, una solución efectiva no tanto, ni en el corto plazo ni en el mediano, lo que es lamentable si se entiende que una vivienda conforma el hogar donde reside el núcleo de la base de la sociedad (la familia) y que por lo tanto debiera tener un trato más acucioso y ambicioso, el trato digno que merece el lugar que los chilenos elegimos para vivir.
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