Se podría entender a la Teletón con una variedad de ideas o nociones, entre las que destacarían: institución benéfica de rehabilitación, un show de televisión, una cruzada solidaria, veintisiete horas de amor en Chile, como Mario Kreutzberger, deuda del Estado con sus discapacitados, un niño símbolo, un negociado, un ejemplo de generosidad del pueblo, etc.
Ciertamente, la Teletón es un modelo de convocatoria nacional a la solidaridad del pueblo para con los más desposeídos, es un evento nacional como el Festival de Viña del Mar, los partidos de la selección chilena de fútbol, las elecciones, las Fiestas Patrias. Lo que distingue a la Teletón de los anteriores eventos es su carácter de institución de rehabilitación en donde niños y niñas con discapacidades físicas son atendidos por profesionales y técnicos para lograr el mayor grado de independencia física posible, poder desplazarse con la menor ayuda, etc. Las funciones cotidianas de la institución evidentemente tienen un costo económico que debe cubrirse para que sigan adelante las rehabilitaciones de miles de niños y niñas que han llegado ahí desde su nacimiento o fueron víctimas de accidentes con consecuencias físicas incapacitantes. Hasta tal punto, no hay mayor controversia ni debates al respecto.
El financiamiento de una institución, empresa u organización siempre es un tema que abre acalorados debates dada la diversidad factual, estratégica e ideológica de alternativas. Cómo se financia la Fundación Teletón no escapa a la discusión. Para algunos más cercanos al materialismo histórico de Marx, este medio de rehabilitación debería pasar a manos del Estado y ser gestionado por la burocracia gubernamental dado que hacerse cargo de los discapacitados de un país debería ser una obligación de las instituciones públicas (financiadas con impuestos), un imperativo moral, en otras palabras, un país se hace cargo de sus discapacitados con políticas públicas y sus respectivos programas y proyectos. No suena tan mal ni descabellado porque un Estado responsable con sus habitantes debe ser capaz de sostener políticas públicas con resultados e impactos efectivos, de entregar mediante sus proyectos productos de calidad, todo ello financiado con impuestos, utilidades de empresas públicas y ventas/arriendos de activos estatales (pertenencia de todos los ciudadanos del Estado chileno). Suena coherente hasta que se da revista a la realidad de Chile y los alcances presupuestarios de las instituciones públicas.
Por una parte, un Estado subsidiario no brindaría las oportunidades a todos las niñas y niños lisiados puesto que su oferta pública por tradición u obligación estaría focalizada en aquellos en que por sus propios medios no pueden proveerse de una rehabilitación, en otras palabras, quien pueda pagar que pague. Mercado. Y aunque el Estado tuviera los medios presupuestarios, es complejo asegurar a estas alturas que mayor inversión asegure por sí sola una mejor calidad de servicio o producto. Es necesario añadir vocación profesional a la fórmula de manera que los funcionarios se sientan atraídos al servicio público por convicción, más que por necesidad, más que por poder.
El Estado debe monopolizar actividades o funciones públicas estratégicas para el país como las funciones de defensa, educación, infancia, salud, tributos, pensiones, cancillería, justicia, minería, energía, aguas, medioambiente, etc. Pero ¿qué hay de aquellas áreas en que el aporte de la sociedad civil y del privado es necesario y deseable? ¿por qué siempre la mirada paternalista y desconfiada del Estado tiene que estar por sobre el desarrollo y aporte de los grupos intermedios de la sociedad civil? En el caso de la Teletón se ha podido apreciar un fenómeno social único en base a un llamado nacional de solidaridad entre todos los compatriotas que siempre surte efecto: pobres y ricos acuden a donar a los bancos en la medida de sus posibilidades presupuestarias y voluntad para ayudar a los niños y niñas discapacitadas que se atienden en la fundación. Distinto, claro, de la lógica de los impuestos en donde sin derecho a pataleo habría que entregar al Fisco una porción del ingreso personal. Entre una donación libre, voluntaria y de corazón, y un impuesto (regresivo a veces como el IVA) #yonomepierdo.
Es cierto que el evento televisivo de la Teletón es un negociado para muchos; los rostros de la farándula se pegan codazos por una pulgada más de pantalla y los empresarios dueños de Chile limpian sus imágenes hasta más no poder (querer), pero si Teletón fuera del Estado, ¿alguno podría asegurar su libertad de promesas de campañas políticas de carácter "mientras más financiamiento ofrezco al programa Teletón de tal ministerio, más votos calculo"? Es por eso que las veintisiete horas de amor no corren en años eleccionarios.
En conclusión, ¿qué apoyo público a la estatización de la Teletón y la beneficencia se puede concitar en un país donde los niños vulnerados son víctimas de abusos y violencia en sus hogares y en los hogares licitados por el SENAME?, ¿en donde el reclutamiento meritocrático del servicio civil hace aguas? Es tiempo de apelar a la humildad de quienes creen que el Estado podría dar solución a todos los problemas públicos con igual calidad; a la luz de los números y de la realidad eso no es así por una serie de factores multidimensionales, a los que debiera darse revista ante de lanzar declaraciones como: "la Teletón debería ser del Estado". Podríamos tener un Estado de excelencia, pero eso no sería mérito suficiente para impedir que la sociedad civil participe activamente en el desarrollo nacional; un Estado es mejor en la misma medida que se involucra y dialoga con la sociedad civil para oír y compartir estrategias de servicio público. Lamentablemente, nuestro Estado aún no alcanza la excelencia y prueba de eso es el surgimiento de organizaciones de nuestra sociedad civil que vienen a cubrir aquellas necesidades a la que el Estado aún no puede llegar a satisfacer por medio de la política pública. Tercer sector. Basta mirar iniciativas tan loables como Techo (Ex Un Techo para Chile), Coaniquem, Bomberos de Chile, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Hogar de Cristo, etc. para probar la capacidad de la sociedad civil en la entrega de soluciones a los problemas públicos y para comprobar que puede ser una parte activa y beneficiosa de las políticas públicas puesto que las organizaciones que la componen surgen de la voluntad de los ciudadanos, es decir, de oficio y no a petición de parte.
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