Copiapó, pala a pala

Han pasado varias semanas desde la catástrofe natural más destructiva del último tiempo en la Región de Atacama, un feroz espectáculo al que asistimos con el alma partida, los ojos aguados y una mente desconcertada de la fuerza de la naturaleza y su ceguera a la hora de golpear sin mayores distinciones a aquellos que desestimando sus dimensiones, la desafiaron y habitaron lugares no habitados. 

Meses atrás, publiqué en este blog acerca de la incapacidad de las autoridades, en general, de aprender las lecciones que las experiencias nos dejan. Sin duda, hay un nivel de reflexión exiguo ante las tragedias, ante las experiencias de la vida misma y no sabría decir si es porque vivimos sin dejarnos sentir que vivimos, porque andamos, dormimos y despertamos de prisa, porque no nos da la cabeza o porque siempre esperamos que nos den la orden desde arriba ya que somos tan flojos que si no hay poder ni renta de por medio, simplemente no lo hacemos. 

Luego del voraz incendio de Valparaíso, de los terremotos del 27F y de Iquique, de los incendios forestales de cada verano, ¿alguna jefatura del área prevención de riesgos, de planificación, control de gestión pensó en "¿qué es lo que debemos proponer/hacer para evitar que estos sucesos logren probabilidad 1 en mi jurisdicción?" A los profesionales de la administración pública nos fascina elaborar cuadros y matrices, evaluar riesgos, redactar programaciones y planes anuales de auditoría para revisar calidad de los controles, también somos dados a la planificación de corto, mediano y largo plazo. No entiendo entonces dónde queda tanto entusiasmo por hacer una gestión pública preventiva decente. Sin voluntad política, entonces no hay conjugación entre proactividad y jerarquía que valga... los principios de la ley de bases: en la punta del cerro.

Sin duda, que cientos de voluntarios y autoridades públicas de la región hasta el día de hoy vuelcan sus energías en la recuperación de la normalidad en las comunas afectadas, y a veces sin mayores descansos puesto que sabemos que cada pala de barro fuera cuenta y mucho. Las acciones de mitigación y reparación no se han detenido desde el día 25 de marzo, el trabajo de despeje de los caminos, la distribución de las vacunas, la distribución de ayuda humanitaria no ha cesado como tampoco cesan las críticas a las gestiones de la autoridad por parte de buena parte de la ciudadanía. Las redes sociales se han convertido en una especie de eco o amplificador del enojo y la angustia. La desesperación de aquellos que fueron afectados directamente por el aluvión nos duele a todos y en la medida de nuestras posibilidades hemos aportado para que lo antes posible se restablezcan las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad.

Las autoridades se han llevado el grueso de las críticas por no actuar ni proceder como cada persona cree que es correcto. Los afectados pueden pensar que detrás de cada acción que no le parece adecuada hay amplias cuotas de maldad, negligencia, flojera o desinterés, pero olvidan o desconocen que la administración pública se caracteriza por ser centralizada, jerárquica y le guste a quien le guste, burocrática (harina de otro costal). Por dicha razón, la ayuda de fuentes privadas llega con mayor velocidad a las población afectada, mientras que la ayuda del Gobierno en bonos y dinero debe someterse a un proceso diferente pero necesario para liberar los fondos (firmas, visados y más firmas). Además, es importante considerar el número de funcionarios que posee la administración pública en cada comuna como a nivel regional. Se entiende que al ser una región de pocos habitantes comparativamente hablando, los equipos de trabajo no son tan amplios como lo son en regiones y comunas donde la población supera el millón de habitantes y, por lo tanto, para ser suficientes a la hora de manejar una catástrofe semejante. He ahí la importancia de decretar medidas administrativas y constitucionales como el Estado de Excepción Constitucional.

Cabe destacar la necesidad de, a la luz de los antecedentes, coordinar los esfuerzos de los organismos públicos locales, centrales, voluntariados y sector privado de forma que el trabajo se pueda hacer expedito y sin mayores complicaciones puesto que restablecer la normalidad en la región es una necesidad que de ser cubierta nos beneficiará a todos y todas. El exhorto a estas alturas es generalizado y por el que se pide a las autoridades a compeler a una coordinación efectiva en todo ámbito con todo actor de la vida regional, mayor claridad en los comunicados que emiten a la población así como privilegiar la seriedad de las fuentes por las que son difundidos ya que es un punto crítico a la hora de manejar las expectativas y frustraciones de la ciudadanía.

Los ciudadanos también tenemos que hacer un esfuerzo en la recuperación de nuestra región y comuna, saber ponernos en los zapatos de cada vecino, dirigente o autoridad antes de emitir juicios que no están correctamente respaldados, construir confianza toma años, destruirla toma una frase. Paciencia y más paciencia es la madre de todas las ciencias. 

Teletón: la sociedad civil de oficio y no a petición de parte

Se podría entender a la Teletón con una variedad de ideas o nociones, entre las que destacarían: institución benéfica de rehabilitación, un show de televisión, una cruzada solidaria, veintisiete horas de amor en Chile, como Mario Kreutzberger, deuda del Estado con sus discapacitados, un niño símbolo, un negociado, un ejemplo de generosidad del pueblo, etc. 

Ciertamente, la Teletón es un modelo de convocatoria nacional a la solidaridad del pueblo para con los más desposeídos, es un evento nacional como el Festival de Viña del Mar, los partidos de la selección chilena de fútbol, las elecciones, las Fiestas Patrias. Lo que distingue a la Teletón de los anteriores eventos es su carácter de institución de rehabilitación en donde niños y niñas con discapacidades físicas son atendidos por profesionales y técnicos para lograr el mayor grado de independencia física posible, poder desplazarse con la menor ayuda, etc. Las funciones cotidianas de la institución evidentemente tienen un costo económico que debe cubrirse para que sigan adelante las rehabilitaciones de miles de niños y niñas que han llegado ahí desde su nacimiento o fueron víctimas de accidentes con consecuencias físicas incapacitantes. Hasta tal punto, no hay mayor controversia ni debates al respecto. 

El financiamiento de una institución, empresa u organización siempre es un tema que abre acalorados debates dada la diversidad factual, estratégica e ideológica de alternativas. Cómo se financia la Fundación Teletón no escapa a la discusión. Para algunos más cercanos al materialismo histórico de Marx, este medio de rehabilitación debería pasar a manos del Estado y ser gestionado por la burocracia gubernamental dado que hacerse cargo de los discapacitados de un país debería ser una obligación de las instituciones públicas (financiadas con impuestos), un imperativo moral, en otras palabras, un país se hace cargo de sus discapacitados con políticas públicas y sus respectivos programas y proyectos. No suena tan mal ni descabellado porque un Estado responsable con sus habitantes debe ser capaz de sostener políticas públicas con resultados e impactos efectivos, de entregar mediante sus proyectos productos de calidad, todo ello financiado con impuestos, utilidades de empresas públicas y ventas/arriendos de activos estatales (pertenencia de todos los ciudadanos del Estado chileno). Suena coherente hasta que se da revista a la realidad de Chile y los alcances presupuestarios de las instituciones públicas. 

Por una parte, un Estado subsidiario no brindaría las oportunidades a todos las niñas y niños lisiados puesto que su oferta pública por tradición u obligación estaría focalizada en aquellos en que por sus propios medios no pueden proveerse de una rehabilitación, en otras palabras, quien pueda pagar que pague. Mercado. Y aunque el Estado tuviera los medios presupuestarios, es complejo asegurar a estas alturas que mayor inversión asegure por sí sola una mejor calidad de servicio o producto. Es necesario añadir vocación profesional a la fórmula de manera que los funcionarios se sientan atraídos al servicio público por convicción, más que por necesidad, más que por poder. 

El Estado debe monopolizar actividades o funciones públicas estratégicas para el país como las funciones de defensa, educación, infancia, salud, tributos, pensiones, cancillería, justicia, minería, energía, aguas, medioambiente, etc. Pero ¿qué hay de aquellas áreas en que el aporte de la sociedad civil y del privado es necesario y deseable? ¿por qué siempre la mirada paternalista y desconfiada del Estado tiene que estar por sobre el desarrollo y aporte de los grupos intermedios de la sociedad civil? En el caso de la Teletón se ha podido apreciar un fenómeno social único en base a un llamado nacional de solidaridad entre todos los compatriotas que siempre surte efecto: pobres y ricos acuden a donar a los bancos en la medida de sus posibilidades presupuestarias y voluntad para ayudar a los niños y niñas discapacitadas que se atienden en la fundación. Distinto, claro, de la lógica de los impuestos en donde sin derecho a pataleo habría que entregar al Fisco una porción del ingreso personal. Entre una donación libre, voluntaria y de corazón, y un impuesto (regresivo a veces como el IVA) #yonomepierdo.

Es cierto que el evento televisivo de la Teletón es un negociado para muchos; los rostros de la farándula se pegan codazos por una pulgada más de pantalla y los empresarios dueños de Chile limpian sus imágenes hasta más no poder (querer), pero si Teletón fuera del Estado, ¿alguno podría asegurar su libertad de promesas de campañas políticas de carácter "mientras más financiamiento ofrezco al programa Teletón de tal ministerio, más votos calculo"? Es por eso que las veintisiete horas de amor no corren en años eleccionarios. 

En conclusión, ¿qué apoyo público a la estatización de la Teletón y la beneficencia se puede concitar en un país donde los niños vulnerados son víctimas de abusos y violencia en sus hogares y en los hogares licitados por el SENAME?, ¿en donde el reclutamiento meritocrático del servicio civil hace aguas? Es tiempo de apelar a la humildad de quienes creen que el Estado podría dar solución a todos los problemas públicos con igual calidad; a la luz de los números y de la realidad eso no es así por una serie de factores multidimensionales, a los que debiera darse revista ante de lanzar declaraciones como: "la Teletón debería ser del Estado". Podríamos tener un Estado de excelencia, pero eso no sería mérito suficiente para impedir que la sociedad civil participe activamente en el desarrollo nacional; un Estado es mejor en la misma medida que se involucra y dialoga con la sociedad civil para oír y compartir estrategias de servicio público. Lamentablemente, nuestro Estado aún no alcanza la excelencia y prueba de eso es el surgimiento de organizaciones de nuestra sociedad civil que vienen a cubrir aquellas necesidades a la que el Estado aún no puede llegar a satisfacer por medio de la política pública. Tercer sector. Basta mirar iniciativas tan loables como Techo (Ex Un Techo para Chile), Coaniquem, Bomberos de Chile, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Hogar de Cristo, etc. para probar la capacidad de la sociedad civil en la entrega de soluciones a los problemas públicos y para comprobar que puede ser una parte activa y beneficiosa de las políticas públicas puesto que las organizaciones que la componen surgen de la voluntad de los ciudadanos, es decir, de oficio y no a petición de parte.