La máquina para defraudar, los
casos Penta y Soquimich (2015) escrita por la destacada profesora y periodista
chilena María Olivia Mönckeberg, es una investigación periodística que relata
el inicio y desarrollo de los casos judiciales de financiamiento ilegal de la
política chilena anterior a los años 2015. En su texto, la autora comentará el
inicio de las empresas Penta y Soquimich y de cómo sus socios se hicieron de
éstas y lograron posicionarlas como ejemplo de gestión empresarial hasta que se
desencadenó la investigación del Ministerio Público en su contra a raíz del
registro ilegal de documentos tributarios electrónicos falsos y no fidedignos
en la contabilidad tributaria y financiera.
El negocio era redondo para todos
quienes participaban en él, excepto para el Fisco cuyas arcas se vieron
disminuidas producto de los perjuicios en recaudación que se produjeron por
inferiores pagos en Impuesto de Primera Categoría e IVA. La figura radicaba en
que las empresas producían utilidades por años, sin embargo, sus dueños no las
retiraban por completo de la caja de la empresa, lo que significaba que no
nacía la obligación de declarar y pagar por parte de éstos el Impuesto Global
Complementario. Hasta allí, no había problemas pues ello está permitido por la
legislación tributaria (con excepción para los contribuyentes del Régimen 14
ter y Renta Atribuida entre los años tributarios 2018 y 2020), sin embargo, el
ilícito radicaba en que para disminuir la base imponible del Impuesto de
Primera Categoría, las empresas fingían pagar prestaciones de servicios que
nunca se realizaron contra boletas de honorarios electrónicas y facturas
electrónicas emitidas por personas vinculadas a los partidos políticos de
derecha y la ex Concertación de Partidos por la Democracia, lo que les permitía
aumentar sus costos y acercarse a pérdidas que imputaban al Fondo de Utilidades
Tributables, por cuanto en la medida que más documentos tributarios
electrónicos registraran, más podían disminuir este fondo y por ende, la
posibilidad de que sus dueños declararan el Impuesto Global Complementario se
esfumaba. Por su parte, los emisores recibían de todas maneras los montos
cobrados en la documentación falsa y las destinaban a sus campañas políticas, o
bien, solicitaban a sus empleados o familiares emitir documentos de la misma
especie con la promesa de recibir en mayo próximo la devolución de Impuesto a
la Renta. Asimismo, Penta y Soquimich se hacían de activos no financieros, pero
de todas maneras muy valiosos: favores políticos que les permitieran gozar de
ciertas ventajas a la hora de frenar legislaciones que les perjudicaran,
licitaciones y capacidad de decisión en materia de regulaciones al sector
privado.
El texto no presenta una
terminología técnica en cuanto a materia tributaria, sin embargo, está dirigido
a un público con conocimientos básicos en finanzas y en la Historia reciente de
la economía y política chilena. La autora abre sus páginas describiendo a las
empresas del grupo Penta, cómo nació, quienes fueron sus dueños, cuáles fueron
sus épocas doradas y de vacas flacas, así como la vinculación de sus dueños,
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, con las autoridades políticas de
la dictadura chilena como de la derecha en tiempos de democracia. Tras explicar
las redes empresariales de los Carlos -como les llama- detalla la serie de
movimientos financieros con forwards cuya investigación son la puerta de
entrada a una serie de ilícitos económicos que remecieron la política chilena. Posteriormente,
repasa el cuestionado accionar del Servicio de Impuestos Internos, por su lenta
reacción a la hora de poner en aviso a la Fiscalía sobre los hechos de los que
tomó conocimiento, y de las tensiones que se produjeron en el ente fiscalizador
cuando las investigaciones comenzaron a tomar un ribete insospechado: el caso
Soquimich. Tanta fue la crispación, que rodó la cabeza del entonces Director
Nacional de la fiscalización tributaria, Michel Jorrat y posteriormente la del
ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo entre otras, por su reprochable
compartimiento ético en la conducción política del escándalo.
La ligazón que tienen estas dos
empresas en el contexto de la investigación judicial que se llevó en su contra,
recae en la declaración de María Carolina de la Cerda, una de las acusadas de
emitir documentación tributaria falsa al grupo Penta. Ella confesó la falsedad
frente al Ministerio Público, el que, revisando la lista de boletas detectó que
también se estaban entregando documentos a la empresa Soquimich. De dicha
sospecha, se fue generando un efecto dominó en los partidos de la Nueva Mayoría
(a excepción del Partido Comunista), pues como se indica, varios de sus
personeros recurrieron a la “generosidad” de Julio Ponce Lerou (dueño de
Soquimich) a través de documentación falsa para hacerse de fondos destinados a
sus campañas políticas. Esta segunda arista, es la merecedora de la segunda
mitad de La máquina para defraudar donde se revelan los orígenes de
Soquimich, cómo el dictador Pinochet se la traspasó a su entonces yerno Julio
Ponce Lerou y la cantidad de redes que éste fue estableciendo con el mundo
político y financiero hasta ser descubierta su participación en el polémico
caso Cascadas cuyos coletazos llegaron -para variar- al Presidente de la
República Sebastián Piñera, cuya credibilidad fue una vez más puesta en duda
por lo poco ético que resultaba que la primera autoridad del país, no pudiera
probar o desmentir que no tenía conocimiento ni participación en las sociedades
que aseguró haber dejando en fideicomiso ciego.
Las páginas de esta investigación
concluyen narrando un contexto donde aún la justicia no fallaba por completo en
el caso Soquimich y se logra leer a una autora confiada y esperanzada en los
pasos “autónomos” del Ministerio Público de Chile a través de sus fiscales, sin
saber en el momento que el nombramiento del actual Fiscal Nacional, Jorge
Abott, sería un retroceso en materia de independencia investigativa; pasados
los meses, renunciaría a su cargo el insigne ex Fiscal Carlos Gajardo que
justamente fue el que acuñó la frase que da título al libro que se comenta “La
máquina para defraudar”. Quizás, la autora sospecharía el color del manto
de impunidad que luego cubriría la fealdad del caso Soquimich y las palabras
cada vez menos creíbles de las autoridades tributarias y persecutoras cuyo
actuar ha sido seriamente puesto en duda por la ciudadanía, las y los
investigadores, las fuerzas políticas más progresistas y los gremios de
funcionarios dentro del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público,
si es que no hay más.
Sin lugar a duda, se trata de una
investigación de calidad que presenta datos duros, es rigurosa en señalar
hechos y reconocer que ignora ciertas cosas como los documentos tributarios
electrónicos con valor cero (que bien pueden ser documentos anulados). También
es cierto, que aun cuando en su primer tiempo, el Ministerio Público realizó un
trabajo autónomo, la falta de medios probatorios o la poca capacidad
tecnológica o institucional no permitió llevar adecuadamente la carga de la
prueba a los tribunales, lo que siempre reabre el debate de cuán “armadas”
están las instituciones fiscalizadoras en materia de facultades investigativas.
Triste e irónicamente, estas materias, las regula la ley, en cuya creación está
directamente implicada la clase política, la misma clase política que se vio
involucrada en los vergonzosos delitos de cuello y corbata expuestos por María
Olivia Mönckeberg. Se caen a pedazos, entonces, las teorías
político-administrativas que señalaban que era necesario pagar mejor a las autoridades
cuyo talento era necesario atraer mediante mejores sueldos a los talentos de
élite y así hacer al sector público más competitivo en el mercado laboral. Se
ha podido desenmascarar en este texto que las ansias por más dinero que sufre
la clase política pueden venir de una condición cultural misma de ésta, de una
-entonces- desregulada legislación de financiamiento a los partidos políticos,
o bien, de una potenciada mezcla de ambos elementos. Investigación disponible
en formato ebook.
