Opinión: Distancia social por Daniel Matamala

Distancia social (2021) escrito por el periodista chileno Daniel Matamala es un libro que recopila una serie de columnas de opinión publicadas en el diario La Tercera y las redes sociales del autor. 

El texto busca repasar cronológicamente los hechos políticos y sociales de los últimos dos años desde un prisma periodístico crítico y agudo frente al poder económico y político. Leer en poco menos de trescientas páginas lo que ha vivido Chile produce vértigo, porque en efecto, ha sido vertiginosa la manera en que el espíritu de los habitantes del país se ha puesto a prueba desde el “oasis” previo al 18 de octubre de 2019, el estallido social, el comienzo y desarrollo de la pandemia del covid-19 y un cúmulo de elecciones populares cuyas campañas, debates, pronósticos y resultados no le fueron indistintos ni a las élites ni a la ciudadanía. En un periodo relativamente corto vivimos demasiado y aún están sin madurar los aprendizajes, al leer cada capítulo parece que no existiera país capaz de resistir tanto quiebre, muerte y llanto. 

El tema central de Distancia social es la desconexión entre las élites y la ciudadanía sin poder real en las tomas de decisiones y cómo ésta se fue acentuando hasta producir el punto de inflexión del 18 de octubre de 2019. Tanto arraigó este divorcio que se reflejó claramente en la gestión sanitaria de la pandemia, cuyas decisiones se tomaron sin tener en cuenta las experiencias internacionales del manejo fiscal y macroeconómico en crisis, los sacrificios que significaron las cuarentenas y la carencia de un enfoque social mínimo al no ponderar el metraje cuadrado donde vivían las familias de clase media o de menor estrato a la hora decretar los confinamientos. 

Esa falta de calle y errado diagnóstico social de la élite hacia la ciudadanía no fue sólo una carencia del gobierno de turno; también fue un hecho atribuible a la oposición (izquierda y centroizquierda) puesto que, según Daniel Matamala, ir a comprar al mall nunca dijo relación con una identidad política de derechas, sino con carencias estructurales como el hacinamiento, el acceso a áreas verdes o a la cultura. Tampoco constituye una validación o extrema afección al capitalismo ni al consumo, pues como bien explica, en la medida que las clases medias se endeudan en el mercado por no recibir por derecho lo que el Estado les niega, el Fisco mantiene conservadores niveles de endeudamiento externo. El no lo vimos venir es una frase atribuible tanto a la derecha como a la Concertación.

Cuando en un mediano plazo algunos nos preguntemos cómo llegamos a las cifras récord de contagios por covid-19, más allá de la variante Ómicron, podremos servirnos de este libro para leer y analizar la secuencia de decisiones políticas tomadas y qué intereses y de cuáles grupos tuvieron mayor peso específico en cada una de ellas. 

El texto es un antídoto contra el mal de Chile: la mala memoria y sirve como un contrapeso frente a la sensación de que los miles de muertos que dejó la pandemia no fueran tales o que de a poco la élite busca revivir el oasis que imaginaron construir. Tibias fiscalizaciones sanitarias, fiestas masivas sin controles de aforo, colapso de los servicios de salud y una virulencia social inédita cuyas causas son todavía materia de investigación parecieran dar cuenta del shock emocional y social que vivimos en tan breve tiempo que probablemente lo bloqueamos de la memoria o lo enceramos en el baúl de las pesadillas. 

Distancia social es un ayuda-memoria que permite advertir el relieve de lo recorrido. Si hoy gozamos de vacunas contra el covid19 o si tenemos una Convención Constituyente redactando la propuesta de la próxima Carta Fundamental, ha de tenerse en cuenta los costos y obstáculos del proceso. Como oráculo, repasa el papel del Presidente Piñera en la performance del Grupo de Lima en Cúcuta y los efectos migratorios que produjo y que se han convertido hoy en parte innegable del desbalanceado legado del gobierno saliente y de los primeros desafíos del entrante. 

Cierra el texto con un capítulo inédito y de mayor extensión apoyado en un trabajo argumentativo ejemplar (ya quisiera uno hacerse de la memoria y bases de datos de Matamala) señalando citas, cuñas, autores y estadísticas. Se destaca Daniel Matamala por su brillante capacidad de reunir respecto de los temas país y en breve tiempo (columnas semanales), datos duros y bibliografía además de su procesamiento y comprensión.

Cada editorial y autor elige el género periodístico que le acomoda o que mejor vende. No obstante, sería interesante leer al autor en un formato de crónica o de un profundo reportaje al trabajo que hace o dejan de hacer con el poder que les damos, las élites dirigentes. 

Capítulos notables: El asilo contra la opresión, La democracia enferma, Elige matar y Hombrecitos o rebeldes.

Este libro está disponible en formato ebook. 

Opinión: La máquina para defraudar, los casos Penta y Soquimich por María Olivia Mönckeberg

La máquina para defraudar, los casos Penta y Soquimich (2015) escrita por la destacada profesora y periodista chilena María Olivia Mönckeberg, es una investigación periodística que relata el inicio y desarrollo de los casos judiciales de financiamiento ilegal de la política chilena anterior a los años 2015. En su texto, la autora comentará el inicio de las empresas Penta y Soquimich y de cómo sus socios se hicieron de éstas y lograron posicionarlas como ejemplo de gestión empresarial hasta que se desencadenó la investigación del Ministerio Público en su contra a raíz del registro ilegal de documentos tributarios electrónicos falsos y no fidedignos en la contabilidad tributaria y financiera. 

El negocio era redondo para todos quienes participaban en él, excepto para el Fisco cuyas arcas se vieron disminuidas producto de los perjuicios en recaudación que se produjeron por inferiores pagos en Impuesto de Primera Categoría e IVA. La figura radicaba en que las empresas producían utilidades por años, sin embargo, sus dueños no las retiraban por completo de la caja de la empresa, lo que significaba que no nacía la obligación de declarar y pagar por parte de éstos el Impuesto Global Complementario. Hasta allí, no había problemas pues ello está permitido por la legislación tributaria (con excepción para los contribuyentes del Régimen 14 ter y Renta Atribuida entre los años tributarios 2018 y 2020), sin embargo, el ilícito radicaba en que para disminuir la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, las empresas fingían pagar prestaciones de servicios que nunca se realizaron contra boletas de honorarios electrónicas y facturas electrónicas emitidas por personas vinculadas a los partidos políticos de derecha y la ex Concertación de Partidos por la Democracia, lo que les permitía aumentar sus costos y acercarse a pérdidas que imputaban al Fondo de Utilidades Tributables, por cuanto en la medida que más documentos tributarios electrónicos registraran, más podían disminuir este fondo y por ende, la posibilidad de que sus dueños declararan el Impuesto Global Complementario se esfumaba. Por su parte, los emisores recibían de todas maneras los montos cobrados en la documentación falsa y las destinaban a sus campañas políticas, o bien, solicitaban a sus empleados o familiares emitir documentos de la misma especie con la promesa de recibir en mayo próximo la devolución de Impuesto a la Renta. Asimismo, Penta y Soquimich se hacían de activos no financieros, pero de todas maneras muy valiosos: favores políticos que les permitieran gozar de ciertas ventajas a la hora de frenar legislaciones que les perjudicaran, licitaciones y capacidad de decisión en materia de regulaciones al sector privado.

El texto no presenta una terminología técnica en cuanto a materia tributaria, sin embargo, está dirigido a un público con conocimientos básicos en finanzas y en la Historia reciente de la economía y política chilena. La autora abre sus páginas describiendo a las empresas del grupo Penta, cómo nació, quienes fueron sus dueños, cuáles fueron sus épocas doradas y de vacas flacas, así como la vinculación de sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, con las autoridades políticas de la dictadura chilena como de la derecha en tiempos de democracia. Tras explicar las redes empresariales de los Carlos -como les llama- detalla la serie de movimientos financieros con forwards cuya investigación son la puerta de entrada a una serie de ilícitos económicos que remecieron la política chilena. Posteriormente, repasa el cuestionado accionar del Servicio de Impuestos Internos, por su lenta reacción a la hora de poner en aviso a la Fiscalía sobre los hechos de los que tomó conocimiento, y de las tensiones que se produjeron en el ente fiscalizador cuando las investigaciones comenzaron a tomar un ribete insospechado: el caso Soquimich. Tanta fue la crispación, que rodó la cabeza del entonces Director Nacional de la fiscalización tributaria, Michel Jorrat y posteriormente la del ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo entre otras, por su reprochable compartimiento ético en la conducción política del escándalo.

La ligazón que tienen estas dos empresas en el contexto de la investigación judicial que se llevó en su contra, recae en la declaración de María Carolina de la Cerda, una de las acusadas de emitir documentación tributaria falsa al grupo Penta. Ella confesó la falsedad frente al Ministerio Público, el que, revisando la lista de boletas detectó que también se estaban entregando documentos a la empresa Soquimich. De dicha sospecha, se fue generando un efecto dominó en los partidos de la Nueva Mayoría (a excepción del Partido Comunista), pues como se indica, varios de sus personeros recurrieron a la “generosidad” de Julio Ponce Lerou (dueño de Soquimich) a través de documentación falsa para hacerse de fondos destinados a sus campañas políticas. Esta segunda arista, es la merecedora de la segunda mitad de La máquina para defraudar donde se revelan los orígenes de Soquimich, cómo el dictador Pinochet se la traspasó a su entonces yerno Julio Ponce Lerou y la cantidad de redes que éste fue estableciendo con el mundo político y financiero hasta ser descubierta su participación en el polémico caso Cascadas cuyos coletazos llegaron -para variar- al Presidente de la República Sebastián Piñera, cuya credibilidad fue una vez más puesta en duda por lo poco ético que resultaba que la primera autoridad del país, no pudiera probar o desmentir que no tenía conocimiento ni participación en las sociedades que aseguró haber dejando en fideicomiso ciego.

Las páginas de esta investigación concluyen narrando un contexto donde aún la justicia no fallaba por completo en el caso Soquimich y se logra leer a una autora confiada y esperanzada en los pasos “autónomos” del Ministerio Público de Chile a través de sus fiscales, sin saber en el momento que el nombramiento del actual Fiscal Nacional, Jorge Abott, sería un retroceso en materia de independencia investigativa; pasados los meses, renunciaría a su cargo el insigne ex Fiscal Carlos Gajardo que justamente fue el que acuñó la frase que da título al libro que se comenta “La máquina para defraudar”. Quizás, la autora sospecharía el color del manto de impunidad que luego cubriría la fealdad del caso Soquimich y las palabras cada vez menos creíbles de las autoridades tributarias y persecutoras cuyo actuar ha sido seriamente puesto en duda por la ciudadanía, las y los investigadores, las fuerzas políticas más progresistas y los gremios de funcionarios dentro del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, si es que no hay más.

Sin lugar a duda, se trata de una investigación de calidad que presenta datos duros, es rigurosa en señalar hechos y reconocer que ignora ciertas cosas como los documentos tributarios electrónicos con valor cero (que bien pueden ser documentos anulados). También es cierto, que aun cuando en su primer tiempo, el Ministerio Público realizó un trabajo autónomo, la falta de medios probatorios o la poca capacidad tecnológica o institucional no permitió llevar adecuadamente la carga de la prueba a los tribunales, lo que siempre reabre el debate de cuán “armadas” están las instituciones fiscalizadoras en materia de facultades investigativas. Triste e irónicamente, estas materias, las regula la ley, en cuya creación está directamente implicada la clase política, la misma clase política que se vio involucrada en los vergonzosos delitos de cuello y corbata expuestos por María Olivia Mönckeberg. Se caen a pedazos, entonces, las teorías político-administrativas que señalaban que era necesario pagar mejor a las autoridades cuyo talento era necesario atraer mediante mejores sueldos a los talentos de élite y así hacer al sector público más competitivo en el mercado laboral. Se ha podido desenmascarar en este texto que las ansias por más dinero que sufre la clase política pueden venir de una condición cultural misma de ésta, de una -entonces- desregulada legislación de financiamiento a los partidos políticos, o bien, de una potenciada mezcla de ambos elementos. Investigación disponible en formato ebook.

Del Frente Amplio y las consecuencias

El Frente Amplio está en una posición de negociación privilegiada, lo sabe y ejerce su poder exigiendo a Alejandro Guillier que haga compromisos cuyo cumplimiento ellos tampoco podrían garantizar en caso de que fueran gobierno, considerando la correlación de fuerzas a nivel parlamentario. Es una posición algo caprichosa, una invitación a la seducción de los votos que está fuera de todo análisis pragmático porque en vez de entregar su apoyo en la segunda vuelta a quien pudiera ser un socio político, debilitan su credibilidad y aumentan la posibilidad de que la derecha vuelva al poder y dé pie atrás a los logros sociales alcanzados en esta administración.

Algunos de los simpatizantes de Beatriz Sánchez en primera instancia y en consecuencia del Frente Amplio, piensan que Guillier no es de confiar, que representa a la Nueva Mayoría y a todos los prejuicios que le atribuyen a la coalición gobernante y que en ese sentido no irían a votar o preferirían hacerlo por Piñera, suponiendo que la excandidata se volvería a presentar en cuatro años más a la Presidencia de Chile, lo que si bien es una posibilidad, no se sabe si seguirá siéndolo en cuatro años más dado los niveles de dinamismo que hoy tiene la política, tampoco conocemos a ciencia cierta el desempeño legislativo que hará el Frente Amplio con 20 diputados y 1 senador electo. ¿Quién hubiera  pensado el nivel de votación de Beatriz Sánchez el día en que la Presidenta Bachelet asumió el mando de la nación? Nadie, ni ella misma.

En cuatro años pueden suceder demasiadas cosas, surgir o caer muchos liderazgos por cuanto la invitación es a actuar pensando en el presente, en las posibilidades ciertas y en la necesidad de Chile de transitar hacia el reforzamiento de los derechos sociales que tiene como fin último dar a las personas las herramientas necesarias para transformarse a ellas mismas y por ende al país a través de la contribución que hagan desde sus profesiones y oficios.

En caso de que en cuatro años más el Frente Amplio sea coalición gobernante, tendrá mejor performance si comienza con un grado de avance importante en derechos sociales  posterior al Gobierno de Guillier que si por omisión no evita el triunfo de Piñera.

No se trata de responsabilizar a Beatriz Sánchez ni al Frente Amplio del resultado electoral del 17 de diciembre, esa es tarea del candidato, sin embargo, están en política e inevitablemente tienen una decisión que tomar, la que sí o sí tendrá consecuencias. 

Rodrigo Peñailillo, te pienso

Así que el ex Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo no tenía capacidad de poner orden en los partidos de la Nueva Mayoría, que era un desastre a la hora de enfrentar coyunturas. Dijeron que la situación era insostenible y que no sabía alinear a las bancadas en el parlamento.

Mas, si lo comparamos con el actual desempeño del Ministro del Interior, Jorge Burgos, Rodrigo gana por lejos. Porque a la hora de los datos duros, los ciudadanos acabamos de enterarnos que casi la mitad de los proyectos de ley cuya completa tramitación fue dispuesta por la Presidenta para una fecha tope de 31 de enero, se postergarán para marzo, para dos meses más porque el supuesto ministro del orden, el de las canas y alabado por Tomás Mosciatti, Fernando Villegas y Sergio Melnick no ha podido poner orden en las bancadas y ni alinear a los partidos de la Nueva Mayoría. Parece que lo de la Democracia Cristiana es crónico: propensión a berrinches infantiles. Ya lo vimos con la fracasada renuncia al cargo cuando a la Presidenta de la República se le olvidó pedir permiso a Burgos para viajar a La Araucanía (¡vaya cosa!) o cuando el Partido Comunista tuvo la digna idea de solicitar la inadmisibilidad de la Ley de Pesca, la Democracia Cristiana se tiró al suelo a llorar por la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

Cuando el Ministro del Interior era Rodrigo Peñailillo, Chile no era una lumbrera, pero la ciudadanía percibía que había voluntad de cambio, de empujar la máquina que significa la tramitación de los proyectos de ley emblemáticos para nuestra administración. El 31 de enero de 2015 sonaron varias campanillas en las salas del Congreso anunciando leyes egresadas del tercer trámite pese a las fisuras de la coalición y del boicot de la prensa. El 31 de enero de 2016 quizás no suene ni la mitad.

Lo extrañamos Ministro Peñailillo, estamos frente a una Reforma Laboral tibia, a un gabinete político sin convicción, a parlamentarios leales a la vieja guardia y que desconocen el compromiso empeñado frente a la Presidenta de la República y al pueblo chileno.

Copiapó, pala a pala

Han pasado varias semanas desde la catástrofe natural más destructiva del último tiempo en la Región de Atacama, un feroz espectáculo al que asistimos con el alma partida, los ojos aguados y una mente desconcertada de la fuerza de la naturaleza y su ceguera a la hora de golpear sin mayores distinciones a aquellos que desestimando sus dimensiones, la desafiaron y habitaron lugares no habitados. 

Meses atrás, publiqué en este blog acerca de la incapacidad de las autoridades, en general, de aprender las lecciones que las experiencias nos dejan. Sin duda, hay un nivel de reflexión exiguo ante las tragedias, ante las experiencias de la vida misma y no sabría decir si es porque vivimos sin dejarnos sentir que vivimos, porque andamos, dormimos y despertamos de prisa, porque no nos da la cabeza o porque siempre esperamos que nos den la orden desde arriba ya que somos tan flojos que si no hay poder ni renta de por medio, simplemente no lo hacemos. 

Luego del voraz incendio de Valparaíso, de los terremotos del 27F y de Iquique, de los incendios forestales de cada verano, ¿alguna jefatura del área prevención de riesgos, de planificación, control de gestión pensó en "¿qué es lo que debemos proponer/hacer para evitar que estos sucesos logren probabilidad 1 en mi jurisdicción?" A los profesionales de la administración pública nos fascina elaborar cuadros y matrices, evaluar riesgos, redactar programaciones y planes anuales de auditoría para revisar calidad de los controles, también somos dados a la planificación de corto, mediano y largo plazo. No entiendo entonces dónde queda tanto entusiasmo por hacer una gestión pública preventiva decente. Sin voluntad política, entonces no hay conjugación entre proactividad y jerarquía que valga... los principios de la ley de bases: en la punta del cerro.

Sin duda, que cientos de voluntarios y autoridades públicas de la región hasta el día de hoy vuelcan sus energías en la recuperación de la normalidad en las comunas afectadas, y a veces sin mayores descansos puesto que sabemos que cada pala de barro fuera cuenta y mucho. Las acciones de mitigación y reparación no se han detenido desde el día 25 de marzo, el trabajo de despeje de los caminos, la distribución de las vacunas, la distribución de ayuda humanitaria no ha cesado como tampoco cesan las críticas a las gestiones de la autoridad por parte de buena parte de la ciudadanía. Las redes sociales se han convertido en una especie de eco o amplificador del enojo y la angustia. La desesperación de aquellos que fueron afectados directamente por el aluvión nos duele a todos y en la medida de nuestras posibilidades hemos aportado para que lo antes posible se restablezcan las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad.

Las autoridades se han llevado el grueso de las críticas por no actuar ni proceder como cada persona cree que es correcto. Los afectados pueden pensar que detrás de cada acción que no le parece adecuada hay amplias cuotas de maldad, negligencia, flojera o desinterés, pero olvidan o desconocen que la administración pública se caracteriza por ser centralizada, jerárquica y le guste a quien le guste, burocrática (harina de otro costal). Por dicha razón, la ayuda de fuentes privadas llega con mayor velocidad a las población afectada, mientras que la ayuda del Gobierno en bonos y dinero debe someterse a un proceso diferente pero necesario para liberar los fondos (firmas, visados y más firmas). Además, es importante considerar el número de funcionarios que posee la administración pública en cada comuna como a nivel regional. Se entiende que al ser una región de pocos habitantes comparativamente hablando, los equipos de trabajo no son tan amplios como lo son en regiones y comunas donde la población supera el millón de habitantes y, por lo tanto, para ser suficientes a la hora de manejar una catástrofe semejante. He ahí la importancia de decretar medidas administrativas y constitucionales como el Estado de Excepción Constitucional.

Cabe destacar la necesidad de, a la luz de los antecedentes, coordinar los esfuerzos de los organismos públicos locales, centrales, voluntariados y sector privado de forma que el trabajo se pueda hacer expedito y sin mayores complicaciones puesto que restablecer la normalidad en la región es una necesidad que de ser cubierta nos beneficiará a todos y todas. El exhorto a estas alturas es generalizado y por el que se pide a las autoridades a compeler a una coordinación efectiva en todo ámbito con todo actor de la vida regional, mayor claridad en los comunicados que emiten a la población así como privilegiar la seriedad de las fuentes por las que son difundidos ya que es un punto crítico a la hora de manejar las expectativas y frustraciones de la ciudadanía.

Los ciudadanos también tenemos que hacer un esfuerzo en la recuperación de nuestra región y comuna, saber ponernos en los zapatos de cada vecino, dirigente o autoridad antes de emitir juicios que no están correctamente respaldados, construir confianza toma años, destruirla toma una frase. Paciencia y más paciencia es la madre de todas las ciencias. 

¿Y los empresarios cuándo?

Creo que no hay chileno ni chilena, ni habitante alguno de esta patria que no se haya mareado con el bombardeo periodístico de la situación económica de Chile. Cada punto porcentual del Imacec, IPC, desempleo y más son méritos en sí mismos para redactar una nota, para reportear desde La Moneda, para un extra en televisión. Que la Reforma Tributaria, que la confianza, las expectativas y la macroeconomía y la microeconomía de la pyme y la gran empresa.

Desde antes que la Presidenta Bachelet asumiera su segundo mandato, una serie de personajes se han dedicado a tener un doble discurso de excelencia. Por una parte dicen estar preocupados y ocupados en el bienestar macroeconómico de Chile, pero por otra parte no hubo estrado salvo de dichos que apuntaran a perjudicar las expectativas del país y hacer caer las inversiones de capital. Sus especulaciones contribuyeron a hacer más confuso el escenario económico interno, a detener la inversión dada la poca claridad que produjeron. Mala manera de hacer oposición. 

Es sabido que previo a reformas económicas estructurales el escenario tiende a ser confuso puesto que se cambian las reglas del juego y obviamente el inversor querrá tantear toda la información del terreno que pisará, se entiende y se entendió que era un costo a pagar si queríamos lograr un sistema tributario con mayores grados de justicia impositiva. Pero cabe preguntarse, qué tipo de estrategia fue salir a recorrer el mundo y gestionar columnas en periódicos prestigiosos de Estados Unidos e Inglaterra para socavar la Reforma Tributaria, para predecir el infierno fiscal. Pésima estrategia, fueron a provocar la detención de las inversiones de capital extranjero en el mismo país en donde ellos trabajan, en el mismo país donde tienen sus industrias y viven los consumidores de sus productos. Produjeron un costo mayor del que naturalmente íbamos a pagar. Se entiende que quisieran legítimamente defender sus intereses, ¿pero a qué precio? La batalla política la tenían perdida, la batalla económica no... jugaron sus cartas en un escenario externo tendiente a la baja y hoy, diciembre de 2014 el Imacec de octubre no puede superar el 1,5%. 

La estrategia comunicacional interna

La estrategia comunicacional del empresariado chileno ha sido una ganada. Han convencido a buena parte de la población de que es el Gobierno el que está mermando los términos económicos sin que esto sea del todo cierto. Si bien el Gobierno llevó a cabo una reforma estructural del sistema tributario que produjo las inquietudes propias y de inherencia al cambio, ¿qué empresario será capaz de cumplir sus amenazas de retirarse del mercado? Ninguno. Están al acecho del monopolio esperando que la competencia cumpla la amenaza de retirarse. Microeconomía básica y teoría de juegos. Ganada de los empresarios sin que el Gobierno establezca una estrategia comunicacional más fuerte y logre revertir la desconfianza ciudadana. 

Francamente, este no es el empresariado que Chile merece, que no vela por la economía nacional, sino por la de su propio capital. Quizás lo que perdieron con la campaña externa de descrédito fue marginal en función de sus ganancias y lo han recuperado ya en el corto plazo, pero las repercusiones en los senos de las familias más necesitadas pueden sentirse con mayor agresividad si se considera la calidad de los empleos, la tasa de desocupación y el salario mínimo frente a las desproporcionadas utilidades de los mercaderes. 

Recuerdo cuando Obama acudió al salvataje de Ford. Finalmente es la economía, estúpido lo que importa a la ciudadanía, mejores indicadores económicos aumentan el aprecio por la democracia, las instituciones y los políticos. El triángulo de hierro de los gobiernos: inflación, empleo y crecimiento económico es un indicador de gobernabilidad por excelencia y eso los empresarios lo saben y lo aprovechan. Obama no salvó a Ford por ser bueno, sino por la cantidad de trabajadores y familias (electores) que arriesgaban su empleo/consumo y su contento con el gobierno. Así funciona la mano invisible del Estado de Smith. Citando a Stiglitz, a todos los empresarios les agobia pagar impuestos, pero cuando se usan para subvencionarlos o salvarlos se sienten más aliviados de la presión fiscal. Es esta la triste lógica de tira y afloja entre economía y política. 

Por ello es que cuando a riesgo de saturación, leo y escucho tanta insatisfacción de la clase empresarial de Chile, me pregunto si aparte de pésimas estrategias para atraer capitales externos, qué más hacen los empresarios de Chile que culpar al Gobierno. El ideario de empresario no se condice con la realidad, es evidente que se requieren líderes industriales con mayor capacidad de innovación y performance ante el cambio externo y con menos aversión al riesgo, con gobiernos corporativos estamentales,  capaces de una gestión empresarial eficiente y socialmente responsable. Los empresarios no pueden esperar a que el Gobierno desregule todos los mercados y sólo se encargue de brindar paz social y defensa nacional para que estén tranquilos . El empresario es en esencia un aventurero que asume los riesgos guiado por el olfato del negocio más que por los números de la calculadora. Hace falta que los empresarios estén a la altura de los desafíos, de la reactivación y a favor de Chile, no en contra. 

Para vivir

Copiapó, capital de la Región de Atacama, ciudad minera típica, no se escapa a los fenómenos naturales y sociales de las localidades que basan su actividad económica en la explotación y exploración minera. Ríos secos, relaves en medio de la ciudad, explosión demográfica, población flotante, aumento de precios y el respectivo costo de la vida, auge económico, migración nacional e internacional, demandas sociales y ciudadanas para que alguien o algo absorba las externalidades negativas de la actividad minera... un sin fin de problemas más, pero sin duda que hay una que duele un poco más, que llaga más la herida: los recursos que derivan de las ganancias de la producción minera y su comercialización parecen pedacitos de islas de hierro atraídos magnéticamente a un imán gigantesco que habita en Santiago, capital nacional. Algunos le llaman poder. 

Pero hay otra arista cuyo análisis ha sido más bien débil y ocasional: la vivienda. Por lo general, un tema logra tomarse la agenda pública luego de algún evento focalizante como se denomina en el lenguaje de las políticas públicas a los eventos o hechos que concitan la opinión pública y la hacen más sensible respecto de un problema público como ha sido el derrumbe de la mina San José en 2010 que evidenció a un disminuido Servicio Nacional de Geología y Minería e Inspección del Trabajo, como lo fueron los atentados terroristas en Santiago tras la colocación de bombas en concurridos lugares y que dejó en el descubierto una política de inteligencia y seguridad interna más bien vulnerable.

En el caso de la política de vivienda o habitacional es posible encontrar eventos que en su mérito serían lo suficientemente potentes para catalizar gestiones orientadas a generar viviendas que den dignidad y calidad de vida a sus habitantes además de seguridad en su posesión, goce y uso; me refiero a los terremotos de 2010 en la zona centro sur chilena y el que en primer semestre de 2014 azotó al Norte Grande, así como al mega incendio que quemó poblaciones enteras en los cerros de Valparaíso también en el primer semestre. La simple lógica, el más sentido de los comunes indicaría una revisión inmediata por parte de la autoridad de los estándares de construcción con que se edifican y levantan casas en el país, revista a las garantías de edificación en lugares seguros, de fácil acceso a los servicios básicos, cercanos a escuelas, consultorios, centros comerciales de abastecimiento, comisarías, etc., lo que en otras palabras se resumiría en una revisión al diseño de poblaciones y conjuntos habitacionales, a los planos reguladores de las comunas cuyo uso de suelo traba las nuevas concepciones de diseño de una comuna moderna, de los indicadores de crecimiento demográfico y poblacional en ciertas comunas y de cómo ello entra en proporción con la oferta privada y estatal subsidiaria de vivienda, los precios de los arriendos y dividendos, el surgimiento de tomas ilegales de terreno y más.

Puede que lo anterior esté estudiado ya (no pretendo descubrir América), que se hayan hecho los esfuerzos por parte de la autoridad pública para asegurar una vivienda digna, pero evidentemente no ha sido suficiente. Por una parte, mientras desde las regiones escuchamos por las noticias cómo en la Municipalidad de Santiago y de Providencia se congelan permisos de edificación en sectores determinados, en Copiapó vemos todos los días en los diarios los elevados costos de arriendo de viviendas vis a vis una población que crece más y más dentro de una ciudad que tiene cada vez menos lugares a los que expandirse.

Hace meses fue inaugurado un condominio con dos torres de edificios y los malos resultados de las ventas dejan a la vista menos del diez por ciento de ocupación y una tela que cuelga flamante rezando "entrega inmediata". Muchos pensamos que los departamentos iban a ser un éxito de ventas porque las páginas web radiales de la ciudad se reventaban con solicitudes y consultas de arriendo, sin embargo, el alza sostenida de precios producto de los sueldos que ofrece la minería terminó por levantar una barrera económica que no ha podido ser superada por muchas familias.

Mientras tanto, en otros sectores residenciales de la comuna surgen diversas tomas ilegales de terreno como otro síntoma de la débil y lenta respuesta que tanto el mercado como el Estado dan a las demandas de los copiapinos. Sumado el mínimo nivel de riesgo moral de los pobladores de las tomas ilegales con una pobre política habitacional local, se van formando y regenerando cordones de marginalidad en los cerros más agrestes de Copiapó ante la paciencia y permisividad del Gobernador que al no desalojar estas tomas ilegales pone en serio riesgo a los pobladores si se considera que no poseen acceso al agua potable ni a electricidad (pero sí poseen grandes vehículos y mediaguas más grandes que las casas de las poblaciones adyacentes, a las que nuestros vecinos y padres postularon veinticinco años atrás con verdadero esfuerzo y necesidad). Los pobladores además de vulnerar el derecho de propiedad, atentan contra la salud y calidad de vida de sus propias familias, una fuerte lluvia podría barrer con sus viviendas o un incendio podría poner en riesgo la vida de los habitantes de las mediaguas. ¡Cuán poco se ha aprendido del incendio en las poblaciones de los cerros de Valparaíso!

Ciertamente que existe un problema, una falta de oportunidad en la acción pública del Estado cuya acción se basa en la entrega de subsidios de vivienda social o impulsa el arriendo, pero siendo francos, ¿no hará falta algún incentivo mayor a la construcción, a la regulación del alza de los precios en general, o la denominación de Atacama como una región extrema? También la escasez hídrica es un agravante, si es que no una raíz del problema tratado, por cuanto el agua es un recurso indispensable tanto en la construcción de conjuntos habitacionales como en la posterior distribución del bien destinado al consumo humano. Ya es indesmentible que nuestra cuenca hídrica no está dando el ancho con las necesidades humanas e industriales de la región puesto que por la distribución geográfica de los asentamientos humanos e industriales la gran minería es la primera en cortar la primera y gran tajada de flujo acuífero para que el resto lo pelee el agro copiapino y la población... si adherimos a la batalla a las constructoras el panorama empeora más. El agua, recurso de composición natural para el sustento vital es también un recurso económico para el sustento material y que por lo tanto se transa en un mercado cuya industria está débilmente regulada.

En el lenguaje de las políticas públicas y a la luz de la teoría aportada por John Kingdon, el desarrollo de una política seria consiste de la existencia de tres tipos de procesos que fluyen por corrientes distintas y paralelas, a saber, una definición y delimitación del problema público, una serie de alternativas debidamente estudiadas y contrastadas científicamente, y un proceso político en donde diversos actores de poder están dispuestos a avalar e impulsar alguna solución. Afortunadamente, el aporte teórico de John Kingdon va mucho más allá de lo mencionado, que sin embargo, es lo medular y para efectos de esta columna no es necesario ahondar. Una vez que estas tres corrientes de procesos confluyen se abre una ventana de oportunidad que ofrece justamente a la autoridad pública la chance de dar categoría de problema público a una situación negativa, pero ello no siempre está destinado a suceder y por tanto he ahí la importancia de los eventos focalizantes mencionados párrafos atrás.

¿Y qué hay de todo esto en la política pública habitacional en Copiapó? La buena fe institucional permitiría dar por hecho la definición del problema con un respectivo árbol de problema y objetivos en que se identifiquen claramente los flancos a intervenir y los parámetros, las situaciones deseadas y en relación a esto, una serie de alternativas de solución a implementarse. No obstante, la tercera corriente está ausente, perdida, oculta, arcana. La necesidad de que algún parlamentario/a, alcalde, autoridad central u organizaciones de la sociedad civil tomen valientemente esta bandera de lucha (a la luz de toda evidencia, abandonada o poco considerada en las arenas de la política) es urgente. También urge que la autoridad pública no espere eventos desastrozos al respecto para tomar decisiones, sino que se involucre de oficio en avanzar a las reales soluciones que el problema amerita. Si bien el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla un programa ambicioso y generoso con énfasis en tres principales reformas del Estado (educacional, tributaria y constitucional) que requiere una concentración de los esfuerzos y los recursos para su logro en cuatro años, ello no constituye una excusa para descuidar el resto de políticas sectoriales en donde se ubicaría la habitacional.

Son tantos los desincentivos para vivir en Copiapó que deberían abortar per se cualquier voluntad de raigambre en la zona, tantos son los desincentivos que cuesta creer que sólo por dinero migrantes nacionales e internacionales estén dispuesto a venir a probar suerte sin la garantía más mínima de éxito. Vislumbra, pues, la poca capacidad de atracción que tienen otros polos de desarrollo y de actividad económica para mantener a sus habitantes en sus zonas respectivas, tanto en el resto de Chile como en el vecindario. Las razones del problema vivienda están a la vista, una solución efectiva no tanto, ni en el corto plazo ni en el mediano, lo que es lamentable si se entiende que una vivienda conforma el hogar donde reside el núcleo de la base de la sociedad (la familia) y que por lo tanto debiera tener un trato más acucioso y ambicioso, el trato digno que merece el lugar que los chilenos elegimos para vivir.

Perdidos en diciembre

Ha sorprendido y confundido el actuar de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) por el desempeño de la Mesa Directiva como del Pleno de Concejeros frente a los múltiples hechos que ha protagonizado el Gobierno y la conducción de las Reformas Educacionales por parte del Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

Entre noviembre y diciembre del año pasado, los que hasta ese entonces éramos estudiantes de la Universidad de Chile escuchábamos y prestábamos atención a las que creíamos una de las elecciones de Gobierno Universitario Estudiantil más interesantes. Nadie sabía bien quién ganaría las elecciones pero sí que las Juventudes Comunistas perderían por el sólo hecho de haber ingresado el Partido Comunista a la Nueva Mayoría, actual coalición liderada por la Presidenta Michelle Bachelet. No estaban las confianzas de los estudiantes de bases con la Jota.

La Presidencia de la Mesa Directiva de la FECh era un espacio en cuya disputa había seguridad del triunfo del Pacto Izquierda Autónoma - Nueva Izquierda Universitaria - Romanesku (Lista Crear Izquierda Amplia) y el Pacto Unión Nacional de Estudiantes y Frente de Estudiantes Libertarios (Lista Luchar). Los últimos ganaron y representan, según lo que argumentaron y comprometieron en campaña una de las vías más radicales de la izquierda estudiantil. En tanto, la Izquierda Autónoma se quedó con la Vicepresidencia, las Juventudes Comunistas con la Secretaría General, y tal fue el triunfo del Pacto UNE-FEL (de la lista Luchar) que dado el sistema electoral de la federacíón, su mecanismo de integración logró posicionar a uno de sus candidatos como Secretario de Comunicaciones y finalmente la Lista de Vamos Construyendo logró obtener el cargo de Secretaría Ejecutiva.

Por una parte, se dudaba del triunfo de Izquierda Autónoma por ser el colectivo cuyos dos últimos Presidentes no lograron vencer la pérdida de vigor y vigencia en las calles del movimiento estudiantil. Se les criticó fuertemente por la debilidad de su gestión en cuanto a la poca capacidad de movilización a nivel de bases: durante las presidencias del actual Diputado Gabriel Boric y Andrés Fielbaum, los semestres dentro de la Universidad se cerraron con relativa normalidad, los paros fueron esporádicos y toda vez que algún otro sector quiso repetir la experiencia de 2011, no encontró eco en las presidencias autónomas de 2012 y 2013. La Lista Luchar tampoco era la segura ganadora, pese a la contundencia de sus exposiciones en salas, foros y patios de la Casa de Bello. Fabián Araneda logró a finales de 2012 llevar a Luchar a la Vicepresidencia de la Mesa Directiva FECh para el período 2013, lo que daba cuenta hacia dónde se estaba moviendo el electorado universitario, sin embargo, durante su gestión, las relaciones internas de Luchar no fueron las mejores puesto que se produjeron diversas diferencias entre el FEL y la UNE al punto de que en el ámbito de la política universitaria y a las salidas de los Plenos FECh se hablaba irónicamente de Quebrar y no de Luchar. Pese a lo anterior, Luchar volvió a reunirse, como fuere limó asperezas y puso en Melissa Sepúlveda la misión de ganar las elecciones.

Esta no fue una elección cualquiera, fue una que coincidió con momentos políticos claves: la elección presidencial, cuyas encuestas daban con seguridad el triunfo de la Presidenta Bachelet, quiem en sus compromisos de campaña aseguró, entre otras cosas, la gratuidad universal en las universidades tradicionales. En los patios se hablaba de desconfianza del futuro gobierno, de la calle, del ajuste de cuentas con la Presidenta, de la Concertación, de que la Jota entregaría la FECh al gobierno, de que no se transaría en nada y que los cantos de sirenas y que lo mismo de siempre y las marchas y los paros, que las vacaciones y marzo, en fin, una campaña totalmente relacionada a la Presidencia de la República. De aspectos internos de la Universidad, de los estatutos y orgánica del Pleno y la Mesa de la FECh: poco y nada. La beligerancia contra la Nueva Mayoría era lugar común de cada foro y pasos por sala.

El día en que elegimos a la Mesa FECh y el Pleno de Concejeros para el 2014, José Carrasco Tapia 9 se llenó de cánticos, de banderas rojas y negras: se había conformado una mesa sin ganadores de derecha, la izquierda universitaria prometía estar con los pies en la calle para guiar las reformas en educación en los términos que los movimientos sociales habían exigido desde el 2006 y el 2011. Algunos cantaban: Bakunin, Marcel Claude, sembraremos el terror. Todos esperábamos un país con estudiantes totalmente paralizados desde febrero. Pero las cosas no se han dado así. La Presidenta Bachelet asumió nuevamente el mando de la Nación y desde entonces hemos presenciado apenas dos o tres marchas universitarias.

El Ministro de Educación por su parte, ha cometido tantos errores de comunicaciones y de forma que uno llega a pensar que está cansado y lo hace a propósito. Eyzaguirre ha dado tantos pases gol a la CONFECh pero a lo más vemos a los dirigentes hablando por Tolerancia Cero, el noticiario o bien sus cuentas de Twitter. Algo que era más bien propio de los gobiernos de la Izquierda Autónoma, lo replica ahora Melissa Sepúlveda de quién se esperaba una conducción radical y más exigente. Pero no, ella prefiere hablar de otros temas, vincular todo a la violencia y decirle algunas pesadeces por la prensa al Ministro Eyzaguirre, hasta que las polémicas decantan y las ventanas se cierran. Se esperaba que la CONFECh fuera capaz de movilizarse porque fue para eso que la mayoría le dio su voto de confianza, y presionar para que las reformas de la Presidenta fueran empujadas desde la centro izquierda a la izquierda más progresista.

Hasta ahora, las reformas en juego en el Congreso no se han corrido milímetro alguno hacia la izquierda, la derecha y la Democracia Cristiana han hecho un trabajo espectacular, los nuevos diputados de la bancada estudiantil han mostrado inexperiencia y poca capacidad de fuerza a la hora de empujar reformas hacia dónde ellos se comprometieron. Las reformas se están moviendo hacia la derecha, para no ser pesimistas, hacia el centro, aquel tan querido por los nostálgicos del status quo. Evidentemente, que en este tránsito de dos polos de la reforma, al movimiento estudiantil le cabe responsabilidad porque capacidad de presión sí tiene y así se demostró el 2011, al punto que sin haber apoyado a la Presidenta Bachelet en su campaña, son sus exigencias históricas las que hoy se discuten en las reformas enviadas por el Ejecutivo; al punto de enviar al precipicio la popularidad del Expresidente Piñera. La DC está llegando mejor a los pases gol de Eyzaguirre y ha introducido en el Ministerio a Andrés Palma y negociando la llegada de Mariana Aylwin, cuya defensa a la Educación que ya nadie quiere es muy alabada y resaltada por los medios de comunicación; los asesores que llegaron en un principio a apoyar a Eyzaguirre, llámese Crispi y compañía se han notado cero, han pesado mediáticamente muy poco. Ya se habla de que Eyzaguirre se va, de que se acabó la reforma y los malos de siempre (la DC) volvió a ganar. Es que se subestimó a la DC sin necesidad de hacerlo, se la quiso arrinconar cuando se habló del nuevo eje PS-PPD, el PC quiso dar un peso más a la izquierda a la coalición, pero la DC fue más astuta y en silencio y sigilosa terminó arrinconando a todo el gobierno junto en la Reforma Tributaria en el Senado y si no se toman las providencias políticas necesarias, lo hará también con la Reforma Educacional y las reformas que vengan de acá a cuatro años más.

El movimiento estudiantil de la CONFECh está debilitado, casi pusilánime, intentando incidir por una de las que nunca fue una vía válida para ellos: la institucionalidad, por medio del Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, algo que ya todos sabemos no es vinculante. La Participación Ciudadana sirve mucho pero tiene sus bemoles puesto que la exigencia de hacer vinculantes sus procesos pasa los límites incluso de la Constitución que asegura el ejercicio de la soberanía a las autoridades y al pueblo en elecciones y plebiscitos. Me cuesta creer en la calidad de esta estrategia, al parecer quieren golpear la mesa desde los Diálogos Ciudadanos o algún Cabildo Ministerial con la amenaza de que si las conclusiones de éstos no son vinculantes como se les aseguró, entonces se movilizarán hasta que no quede estudiante en aulas. Pero para ser francos, todo depende del timming del gobierno, que hasta el momento ha sido políticamente eficaz.

Estamos en presencia de una CONFECh tímida, que a dichos del Ministro de Educación sobre gratuidad sólo para cuatro años reacciona de forma tardía, a través de tuits y estados de Facebook como si por medio del computador fueran a hacer cambiar el rumbo de una reforma. Sinceramente, no me esperaba que Melissa Sepúlveda soportara por mucho tiempo los constantes berrinches de Naschla Aburman, ni que tuviera un liderazgo tan pasivo. Me pregunto dónde están los trabajadores unidos con los estudiantes marchando todos los días por la Alameda como le gusta a Luchar, dónde está Marcel Claude, en dónde quedaron las desconfianzas y las promesas de paralizar la Universidad de Chile al primer traspié del Gobierno de la Presidenta Bachelet, dónde están los discursos de bella oratoria en el balcón de la FECh. Allá pueden estar, perdidos en diciembre.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA - MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL DEL VALLE DEL HUASCO

Freirina, 28 de Diciembre de 2012

Ante el anuncio formal hecho por la empresa Agrosuper de cerrar su proyecto de forma indefinida en Freirina, y la ratificación hecha por el Directorio junto al anuncio de no recurrir al Consejo de Ministros para obtener una RCA bajo sus condiciones, el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco declara:

1.- Lo que se ha logrado hasta ahora es fruto de la organización, la inteligencia y la unidad de la comunidad. Expresamos nuestro reconocimiento a la valiosa y decidida movilización de hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños en defensa de nuestros derechos y dignidad como habitantes del Valle del Huasco. Hemos tomado en nuestras manos la defensa del territorio, de la salud y de nuestras vidas ante el abandono de parte del Estado de su obligación de brindarnos la debida protección que como seres humanos y ciudadanos nos merecemos.

2.- Agradecemos también la decidida y valiosa solidaridad expresada por la inmensa mayoría del país que reconoce la lucha de una comunidad organizada que ejerce su legítimo derecho a hacerse respetar, porque las personas estamos antes que el lucro y que los intereses de las grandes empresas.

3.- La suspensión del bloqueo de la carretera C-46, responde a una decisión por parte de la asamblea, pero en ningún caso significa el fin de nuestro proceso histórico de movilización, sabemos cómo actúa el gobierno y la empresa, por este motivo permanecemos vigilantes y preparados para seguir manteniendo la defensa de nuestro territorio.

4.- Entendemos como una maniobra y un acto desesperado por parte de la empresa el intento de dividir a la comunidad a través del despido masivo de sus trabajadores. Dicha actitud demuestra el poco valor que esta empresa tiene por las personas, por el medio ambiente y por la organización e interrelaciones de nuestros vecinos.

5.- Exigimos al Gobierno que no siga intentando imponer por la fuerza y la represión un proyecto altamente contaminante y rechazado mayoritaria y categóricamente por la comunidad por ser inviable en nuestro Valle. Mantener esta postura que privilegia ideológicamente los intereses privados por sobre la vida de las personas, lo hace único responsable de todo lo que ha ocurrido y pueda ocurrir.

Es la propia empresa la que ha ratificado que no seguirá con su proyecto en Freirina. Es, además, la misma clase política la que ha reconocido que el proyecto Agroindustrial Valle del Huasco desde un comienzo fue mal planificado y mal ejecutado, por lo cual nos han dado la razón de sostener su absoluta inviabilidad. 

6.- Por esta razón emplazamos al Gobierno a ANULAR Y REVOCAR DE INMEDIATO TODA AUTORIZACIÓN O RESOLUCIÓN que daba continuidad a este proyecto, y DECRETAR EL CIERRE DEFINITIVO DE SUS PLANTAS, declarando LA IMPOSIBILIDAD DE QUE ESTE TIPO DE PROYECTOS SE PUEDAN VOLVER A INSTALAR EN NUESTRO TERRITORIO.

7.- Denunciamos que el puerto de Huasco nuevamente esta amenazado por la muerte y la devastación, ya que el gobierno haciendo uso de la institucionalidad aprobó forzosamente el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, el cual fue previamente rechazado en las instancias técnicas de evaluación. La aprobación por el Consejo de Ministros es una decisión política que sólo favorece intereses privados de grandes empresas, sin considerar la salud y la vida de las personas que habitamos este valle. La comunidad rechaza tajantemente esta aprobación lo que se demostró en el coraje y determinación con que la comunidad de Huasco enfrentó a las fuerzas represivas del Estado.

8.- Le recordamos al Presidente Piñera sus palabras anunciadas durante su discurso del 21 de mayo en donde señala que el valle del Huasco vive una tragedia ambiental, sin embargo, ha condenado a nuestro territorio a ser una zona de "sacrificio ambiental".

9.- A pesar de la existencia de decretos en donde se declara el agotamiento de la cuenca del río Huasco, denunciamos que se siguen entregando derechos de agua a privados, incumpliendo y actuando una vez más de manera mentirosa y cobarde frente a la comunidad.

10.- Por ultimo declaramos que nuestra comunidad se mantiene organizada, informada y movilizada en defensa de nuestro Valle del Huasco y de nuestras vidas.

MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL DEL VALLE DEL HUASCO

Nadie sabe para quién trabaja

Cada vez que oigo en los medios de comunicación o en los pocos círculos en que me muevo opiniones de ciudadanos chilenos respecto de la demanda en la Corte Internacional de La Haya que ha interpuesto Perú, me preocupo. Me preocupa la animosidad mutua de dos ciudadanías hermanas que han recibido a lo largo de la educación en las salas de clases y en sus familias un relato de la historia a base de prejuicios -entendidos como la ultrageneralización de un fenómeno ante la mínima experiencia- que defienden a sus Fuerzas Armadas y la sangre derramada como elementos sagrados de la vida nacional. 

En la madrugada de ayer en el programa radial El Trasnoche de Bio Bio se abrió la discusión del tema y se emitieron llamados al aire, la mayoría de ellos con palabras despectivas al referirse a la población peruana y boliviana. Me dolió sentir que muchos de mis compatriotas estarían dispuestos a asesinar a un vecino latinoamericano para defender a una patria tan mal correspondida como dijera Violeta Parra en Yo canto a la diferencia, "si quieren guerra la van a tener" fue lo más suave que oí, todo por la disputa del mar. En una aproximación mejor intencionada del panorama diría que el mar es de todos o que bien no pertenece a nadie. Sin embargo, las ciudadanías están asumiendo posiciones que en mi opinión no les corresponden ya que más allá del nulo ánimo de guerra que tienen ambos estados, quienes han llevado a Chile y Perú a sacar las garras por el mar son los grupos de poder económico instalados en los gobiernos. Son éstos quienes se están disputando a costa de la diplomacia latinoamericana y de la cooperación a nivel gubernamental y ciudadano, la explotación de un extenso espacio marino. No es que al Estado chileno y peruano les importe en demasía quién cobrará el mísero impuesto a la industria marítima, lo que está ocurriendo es que las élites apoderadas del poder institucional están usando la plataforma del Estado para defender intereses privados, aprovechándose de las rivalidades históricas e infundadas que se han levantado entre dos pueblos que deberían sentirse hermanos y por Dios que lo están logrando. En Perú han generado la legitimidad de su demanda y en Chile la legitimidad y sensación de justicia de que se debe defender con sangre un mar que fue obtenido con sangre, por mantener el honor de las Fuerzas Armadas y un montón de bravuconadas conjugables con la palabra gloria (a decir verdad las Fuerzas Armadas han mancillado por sí solas su mismo honor), incluso hablan de soberanía, a mi parecer una mera formalidad.

¡Cómo ha crecido el odio entre peruanos y chilenos! Basta ver un partido de fútbol entre ambos países y empaparse de chauvinismo y apuestas tan tontas como a quién le corresponderá el mar según los resultados del juego. El mar es de quien se baña en él y sólo en ese espacio, hacia adentro el sector privado ha delimitado las fronteras y más con la inminente Ley de Pesca en Chile o Ley Longeira: ni siquiera los pescadores artesanales tendrán lo que se han ganado por tradición. Debo reconocer que he hecho un análisis sin pruebas y también suponiendo que las fuerzas privadas que se disputan el mar son nacionales, pero habría que averiguar quién es el dueño último detrás de la disputa. Las transnacionales deben entrar al análisis. ¿Quién es el dueño mayoritario del capital entonces y en qué medida?

Sin duda, se llega a un panorama en que nadie sabe bien para quién trabaja. Al menos la ciudadanía está suponiendo mal y no es que yo esté reproduciendo un ideal bolivariano de la América unida, simplemente creo importante la necesidad de aclarar cuáles son las reales capacidades e intenciones del Estado con una soberanía tan pobre y corroída por la globalización. El Estado chileno y peruano ya no están representando los intereses de sus habitantes, sino el de una oligarquía o quizá de empresas transnacionales que tienen muy  poco de latinoamericanas . Dentro de todo y bajo la premisa fundamental de que podría ser peor, así las cosas, si los Estados respecto de sus relaciones exteriores representaran a su ciudadanía lo más probable es que una guerra sin fundamentos ya se hubiese generado. No obstante, las oligarquías requieren un escenario de paz para realizar sus transacciones económicas por lo que jamás habrían impulsado un enfrentamiento bélico con costos tan tremendos para el consumo y la producción. La paz es un aspecto clave de la economía liberal. 

El chaleco con rombos

Hace pocos días veía un programa de televisión chileno en que la periodista Pamela Jiles junto al diseñador Luciano Brancoli analizaban lo importante que era en términos de imagen tener un estilo propio de vestir en la política. Observaban el estilo de Ricardo Lagos, el de Cecilia Morel y el estilo que no tenía o que no quería tener el Presidente (mejor no lo nombro porque dicen que trae mala suerte). 

Reflexioné de lo aburrido que es andar con el cuello, corbata y el típico terno. Entonces decidí buscar mi estilo de vestimenta para el día en que trabaje en el servicio público de Chile: el chaleco con rombos con camisa o polera con cuello y pantalones de tela que transiten en el espectro del beige y el café, aunque confieso que los montgomeries me seducen bastante y que los vestiré en ocasiones de extrema solemnidad, de vejez (si el físico no me acompaña), de lluvia y en las noches de invierno con bufandas de lana blanca y guantes. El chaleco con rombos será el estilo que yo imponga dentro de la gestión pública y del giro laboral de las oficinas. Basta de hombres tiesos, empaquetados con una envoltura que no les viene, con ternos que no se distinguen entre lo gris de la ciudad. La época del chaleco con rombo viene a marcar la diferencia, compatriotas, sea con o sin manga. Prepárense para ver cómo suben en las encuesta los ministros y ministras romboides. 

Una salvedad muy importante es que el chaleco con rombos viste mejor en generaciones jóvenes que en las más perpetuadas en el poder. No sería lo mismo ver a Kast o a Giorgio Jackson con rombos y pantalón de tela que ver a Chadwick con los mismos. También el tema pasa por la estética y la edad. A pesar de que avisto las críticas al estilo por parecer hijos de mamá y papá del barrio alto, el mateo del curso o que la forma es menos importante que el fondo, éste es un cambio en que se merece innovar e incentivar, lo que llega a ser incluso instrumental: a la gente que no haga bien su trabajo la obligaremos a volver al incómodo terno. 

Antes de concluir debo decir que: mi moda sugiere zapatos color café de preferencia carentes de cordón; el día en que envejezca y el rombo no me venga vestiré permanentemente el montgomery y en los días de calor una camisa o polera con manga corta y pantalón de tela, aunque si llego a ser un adulto mayor como don Héctor Noguera, jamás dejaré el rombo. 

Lamentablemente, no he pensado en vestimentas de mujeres en la administración pública, aunque lamentaría mucho que siguieran vistiendo estilos burócratas y uniformes como el de Matthei y Bachelet cuando el mundo de la moda les entrega más alternativas que vestir. 

Finalmente, creo que llegó la hora de romper las reglas que regulan y moldean la "informalidad" de ir a la oficina. Me declaro opositor a la vestimenta del presidente y a esas chaquetas rojas que visten en terreno. Las y los chilenos merecemos una clase dirigente guapa y bien vestida o que al menos hagan el intento; en ello Pamela Jiles tiene meridiana razón: como aspecto de forma y superficial, la vestimenta en política o gestión pública tiene un potencial no explotado ni explorado. E insisto, lectoras y lectores: la gestión pública juvenil tiene mucho en que innovar y mucha moda por imponer. ¡Que viva el rombo!