Rodrigo Peñailillo, te pienso

Así que el ex Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo no tenía capacidad de poner orden en los partidos de la Nueva Mayoría, que era un desastre a la hora de enfrentar coyunturas. Dijeron que la situación era insostenible y que no sabía alinear a las bancadas en el parlamento.

Mas, si lo comparamos con el actual desempeño del Ministro del Interior, Jorge Burgos, Rodrigo gana por lejos. Porque a la hora de los datos duros, los ciudadanos acabamos de enterarnos que casi la mitad de los proyectos de ley cuya completa tramitación fue dispuesta por la Presidenta para una fecha tope de 31 de enero, se postergarán para marzo, para dos meses más porque el supuesto ministro del orden, el de las canas y alabado por Tomás Mosciatti, Fernando Villegas y Sergio Melnick no ha podido poner orden en las bancadas y ni alinear a los partidos de la Nueva Mayoría. Parece que lo de la Democracia Cristiana es crónico: propensión a berrinches infantiles. Ya lo vimos con la fracasada renuncia al cargo cuando a la Presidenta de la República se le olvidó pedir permiso a Burgos para viajar a La Araucanía (¡vaya cosa!) o cuando el Partido Comunista tuvo la digna idea de solicitar la inadmisibilidad de la Ley de Pesca, la Democracia Cristiana se tiró al suelo a llorar por la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

Cuando el Ministro del Interior era Rodrigo Peñailillo, Chile no era una lumbrera, pero la ciudadanía percibía que había voluntad de cambio, de empujar la máquina que significa la tramitación de los proyectos de ley emblemáticos para nuestra administración. El 31 de enero de 2015 sonaron varias campanillas en las salas del Congreso anunciando leyes egresadas del tercer trámite pese a las fisuras de la coalición y del boicot de la prensa. El 31 de enero de 2016 quizás no suene ni la mitad.

Lo extrañamos Ministro Peñailillo, estamos frente a una Reforma Laboral tibia, a un gabinete político sin convicción, a parlamentarios leales a la vieja guardia y que desconocen el compromiso empeñado frente a la Presidenta de la República y al pueblo chileno.

Copiapó, pala a pala

Han pasado varias semanas desde la catástrofe natural más destructiva del último tiempo en la Región de Atacama, un feroz espectáculo al que asistimos con el alma partida, los ojos aguados y una mente desconcertada de la fuerza de la naturaleza y su ceguera a la hora de golpear sin mayores distinciones a aquellos que desestimando sus dimensiones, la desafiaron y habitaron lugares no habitados. 

Meses atrás, publiqué en este blog acerca de la incapacidad de las autoridades, en general, de aprender las lecciones que las experiencias nos dejan. Sin duda, hay un nivel de reflexión exiguo ante las tragedias, ante las experiencias de la vida misma y no sabría decir si es porque vivimos sin dejarnos sentir que vivimos, porque andamos, dormimos y despertamos de prisa, porque no nos da la cabeza o porque siempre esperamos que nos den la orden desde arriba ya que somos tan flojos que si no hay poder ni renta de por medio, simplemente no lo hacemos. 

Luego del voraz incendio de Valparaíso, de los terremotos del 27F y de Iquique, de los incendios forestales de cada verano, ¿alguna jefatura del área prevención de riesgos, de planificación, control de gestión pensó en "¿qué es lo que debemos proponer/hacer para evitar que estos sucesos logren probabilidad 1 en mi jurisdicción?" A los profesionales de la administración pública nos fascina elaborar cuadros y matrices, evaluar riesgos, redactar programaciones y planes anuales de auditoría para revisar calidad de los controles, también somos dados a la planificación de corto, mediano y largo plazo. No entiendo entonces dónde queda tanto entusiasmo por hacer una gestión pública preventiva decente. Sin voluntad política, entonces no hay conjugación entre proactividad y jerarquía que valga... los principios de la ley de bases: en la punta del cerro.

Sin duda, que cientos de voluntarios y autoridades públicas de la región hasta el día de hoy vuelcan sus energías en la recuperación de la normalidad en las comunas afectadas, y a veces sin mayores descansos puesto que sabemos que cada pala de barro fuera cuenta y mucho. Las acciones de mitigación y reparación no se han detenido desde el día 25 de marzo, el trabajo de despeje de los caminos, la distribución de las vacunas, la distribución de ayuda humanitaria no ha cesado como tampoco cesan las críticas a las gestiones de la autoridad por parte de buena parte de la ciudadanía. Las redes sociales se han convertido en una especie de eco o amplificador del enojo y la angustia. La desesperación de aquellos que fueron afectados directamente por el aluvión nos duele a todos y en la medida de nuestras posibilidades hemos aportado para que lo antes posible se restablezcan las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad.

Las autoridades se han llevado el grueso de las críticas por no actuar ni proceder como cada persona cree que es correcto. Los afectados pueden pensar que detrás de cada acción que no le parece adecuada hay amplias cuotas de maldad, negligencia, flojera o desinterés, pero olvidan o desconocen que la administración pública se caracteriza por ser centralizada, jerárquica y le guste a quien le guste, burocrática (harina de otro costal). Por dicha razón, la ayuda de fuentes privadas llega con mayor velocidad a las población afectada, mientras que la ayuda del Gobierno en bonos y dinero debe someterse a un proceso diferente pero necesario para liberar los fondos (firmas, visados y más firmas). Además, es importante considerar el número de funcionarios que posee la administración pública en cada comuna como a nivel regional. Se entiende que al ser una región de pocos habitantes comparativamente hablando, los equipos de trabajo no son tan amplios como lo son en regiones y comunas donde la población supera el millón de habitantes y, por lo tanto, para ser suficientes a la hora de manejar una catástrofe semejante. He ahí la importancia de decretar medidas administrativas y constitucionales como el Estado de Excepción Constitucional.

Cabe destacar la necesidad de, a la luz de los antecedentes, coordinar los esfuerzos de los organismos públicos locales, centrales, voluntariados y sector privado de forma que el trabajo se pueda hacer expedito y sin mayores complicaciones puesto que restablecer la normalidad en la región es una necesidad que de ser cubierta nos beneficiará a todos y todas. El exhorto a estas alturas es generalizado y por el que se pide a las autoridades a compeler a una coordinación efectiva en todo ámbito con todo actor de la vida regional, mayor claridad en los comunicados que emiten a la población así como privilegiar la seriedad de las fuentes por las que son difundidos ya que es un punto crítico a la hora de manejar las expectativas y frustraciones de la ciudadanía.

Los ciudadanos también tenemos que hacer un esfuerzo en la recuperación de nuestra región y comuna, saber ponernos en los zapatos de cada vecino, dirigente o autoridad antes de emitir juicios que no están correctamente respaldados, construir confianza toma años, destruirla toma una frase. Paciencia y más paciencia es la madre de todas las ciencias. 

Teletón: la sociedad civil de oficio y no a petición de parte

Se podría entender a la Teletón con una variedad de ideas o nociones, entre las que destacarían: institución benéfica de rehabilitación, un show de televisión, una cruzada solidaria, veintisiete horas de amor en Chile, como Mario Kreutzberger, deuda del Estado con sus discapacitados, un niño símbolo, un negociado, un ejemplo de generosidad del pueblo, etc. 

Ciertamente, la Teletón es un modelo de convocatoria nacional a la solidaridad del pueblo para con los más desposeídos, es un evento nacional como el Festival de Viña del Mar, los partidos de la selección chilena de fútbol, las elecciones, las Fiestas Patrias. Lo que distingue a la Teletón de los anteriores eventos es su carácter de institución de rehabilitación en donde niños y niñas con discapacidades físicas son atendidos por profesionales y técnicos para lograr el mayor grado de independencia física posible, poder desplazarse con la menor ayuda, etc. Las funciones cotidianas de la institución evidentemente tienen un costo económico que debe cubrirse para que sigan adelante las rehabilitaciones de miles de niños y niñas que han llegado ahí desde su nacimiento o fueron víctimas de accidentes con consecuencias físicas incapacitantes. Hasta tal punto, no hay mayor controversia ni debates al respecto. 

El financiamiento de una institución, empresa u organización siempre es un tema que abre acalorados debates dada la diversidad factual, estratégica e ideológica de alternativas. Cómo se financia la Fundación Teletón no escapa a la discusión. Para algunos más cercanos al materialismo histórico de Marx, este medio de rehabilitación debería pasar a manos del Estado y ser gestionado por la burocracia gubernamental dado que hacerse cargo de los discapacitados de un país debería ser una obligación de las instituciones públicas (financiadas con impuestos), un imperativo moral, en otras palabras, un país se hace cargo de sus discapacitados con políticas públicas y sus respectivos programas y proyectos. No suena tan mal ni descabellado porque un Estado responsable con sus habitantes debe ser capaz de sostener políticas públicas con resultados e impactos efectivos, de entregar mediante sus proyectos productos de calidad, todo ello financiado con impuestos, utilidades de empresas públicas y ventas/arriendos de activos estatales (pertenencia de todos los ciudadanos del Estado chileno). Suena coherente hasta que se da revista a la realidad de Chile y los alcances presupuestarios de las instituciones públicas. 

Por una parte, un Estado subsidiario no brindaría las oportunidades a todos las niñas y niños lisiados puesto que su oferta pública por tradición u obligación estaría focalizada en aquellos en que por sus propios medios no pueden proveerse de una rehabilitación, en otras palabras, quien pueda pagar que pague. Mercado. Y aunque el Estado tuviera los medios presupuestarios, es complejo asegurar a estas alturas que mayor inversión asegure por sí sola una mejor calidad de servicio o producto. Es necesario añadir vocación profesional a la fórmula de manera que los funcionarios se sientan atraídos al servicio público por convicción, más que por necesidad, más que por poder. 

El Estado debe monopolizar actividades o funciones públicas estratégicas para el país como las funciones de defensa, educación, infancia, salud, tributos, pensiones, cancillería, justicia, minería, energía, aguas, medioambiente, etc. Pero ¿qué hay de aquellas áreas en que el aporte de la sociedad civil y del privado es necesario y deseable? ¿por qué siempre la mirada paternalista y desconfiada del Estado tiene que estar por sobre el desarrollo y aporte de los grupos intermedios de la sociedad civil? En el caso de la Teletón se ha podido apreciar un fenómeno social único en base a un llamado nacional de solidaridad entre todos los compatriotas que siempre surte efecto: pobres y ricos acuden a donar a los bancos en la medida de sus posibilidades presupuestarias y voluntad para ayudar a los niños y niñas discapacitadas que se atienden en la fundación. Distinto, claro, de la lógica de los impuestos en donde sin derecho a pataleo habría que entregar al Fisco una porción del ingreso personal. Entre una donación libre, voluntaria y de corazón, y un impuesto (regresivo a veces como el IVA) #yonomepierdo.

Es cierto que el evento televisivo de la Teletón es un negociado para muchos; los rostros de la farándula se pegan codazos por una pulgada más de pantalla y los empresarios dueños de Chile limpian sus imágenes hasta más no poder (querer), pero si Teletón fuera del Estado, ¿alguno podría asegurar su libertad de promesas de campañas políticas de carácter "mientras más financiamiento ofrezco al programa Teletón de tal ministerio, más votos calculo"? Es por eso que las veintisiete horas de amor no corren en años eleccionarios. 

En conclusión, ¿qué apoyo público a la estatización de la Teletón y la beneficencia se puede concitar en un país donde los niños vulnerados son víctimas de abusos y violencia en sus hogares y en los hogares licitados por el SENAME?, ¿en donde el reclutamiento meritocrático del servicio civil hace aguas? Es tiempo de apelar a la humildad de quienes creen que el Estado podría dar solución a todos los problemas públicos con igual calidad; a la luz de los números y de la realidad eso no es así por una serie de factores multidimensionales, a los que debiera darse revista ante de lanzar declaraciones como: "la Teletón debería ser del Estado". Podríamos tener un Estado de excelencia, pero eso no sería mérito suficiente para impedir que la sociedad civil participe activamente en el desarrollo nacional; un Estado es mejor en la misma medida que se involucra y dialoga con la sociedad civil para oír y compartir estrategias de servicio público. Lamentablemente, nuestro Estado aún no alcanza la excelencia y prueba de eso es el surgimiento de organizaciones de nuestra sociedad civil que vienen a cubrir aquellas necesidades a la que el Estado aún no puede llegar a satisfacer por medio de la política pública. Tercer sector. Basta mirar iniciativas tan loables como Techo (Ex Un Techo para Chile), Coaniquem, Bomberos de Chile, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Hogar de Cristo, etc. para probar la capacidad de la sociedad civil en la entrega de soluciones a los problemas públicos y para comprobar que puede ser una parte activa y beneficiosa de las políticas públicas puesto que las organizaciones que la componen surgen de la voluntad de los ciudadanos, es decir, de oficio y no a petición de parte. 

Para vivir

Copiapó, capital de la Región de Atacama, ciudad minera típica, no se escapa a los fenómenos naturales y sociales de las localidades que basan su actividad económica en la explotación y exploración minera. Ríos secos, relaves en medio de la ciudad, explosión demográfica, población flotante, aumento de precios y el respectivo costo de la vida, auge económico, migración nacional e internacional, demandas sociales y ciudadanas para que alguien o algo absorba las externalidades negativas de la actividad minera... un sin fin de problemas más, pero sin duda que hay una que duele un poco más, que llaga más la herida: los recursos que derivan de las ganancias de la producción minera y su comercialización parecen pedacitos de islas de hierro atraídos magnéticamente a un imán gigantesco que habita en Santiago, capital nacional. Algunos le llaman poder. 

Pero hay otra arista cuyo análisis ha sido más bien débil y ocasional: la vivienda. Por lo general, un tema logra tomarse la agenda pública luego de algún evento focalizante como se denomina en el lenguaje de las políticas públicas a los eventos o hechos que concitan la opinión pública y la hacen más sensible respecto de un problema público como ha sido el derrumbe de la mina San José en 2010 que evidenció a un disminuido Servicio Nacional de Geología y Minería e Inspección del Trabajo, como lo fueron los atentados terroristas en Santiago tras la colocación de bombas en concurridos lugares y que dejó en el descubierto una política de inteligencia y seguridad interna más bien vulnerable.

En el caso de la política de vivienda o habitacional es posible encontrar eventos que en su mérito serían lo suficientemente potentes para catalizar gestiones orientadas a generar viviendas que den dignidad y calidad de vida a sus habitantes además de seguridad en su posesión, goce y uso; me refiero a los terremotos de 2010 en la zona centro sur chilena y el que en primer semestre de 2014 azotó al Norte Grande, así como al mega incendio que quemó poblaciones enteras en los cerros de Valparaíso también en el primer semestre. La simple lógica, el más sentido de los comunes indicaría una revisión inmediata por parte de la autoridad de los estándares de construcción con que se edifican y levantan casas en el país, revista a las garantías de edificación en lugares seguros, de fácil acceso a los servicios básicos, cercanos a escuelas, consultorios, centros comerciales de abastecimiento, comisarías, etc., lo que en otras palabras se resumiría en una revisión al diseño de poblaciones y conjuntos habitacionales, a los planos reguladores de las comunas cuyo uso de suelo traba las nuevas concepciones de diseño de una comuna moderna, de los indicadores de crecimiento demográfico y poblacional en ciertas comunas y de cómo ello entra en proporción con la oferta privada y estatal subsidiaria de vivienda, los precios de los arriendos y dividendos, el surgimiento de tomas ilegales de terreno y más.

Puede que lo anterior esté estudiado ya (no pretendo descubrir América), que se hayan hecho los esfuerzos por parte de la autoridad pública para asegurar una vivienda digna, pero evidentemente no ha sido suficiente. Por una parte, mientras desde las regiones escuchamos por las noticias cómo en la Municipalidad de Santiago y de Providencia se congelan permisos de edificación en sectores determinados, en Copiapó vemos todos los días en los diarios los elevados costos de arriendo de viviendas vis a vis una población que crece más y más dentro de una ciudad que tiene cada vez menos lugares a los que expandirse.

Hace meses fue inaugurado un condominio con dos torres de edificios y los malos resultados de las ventas dejan a la vista menos del diez por ciento de ocupación y una tela que cuelga flamante rezando "entrega inmediata". Muchos pensamos que los departamentos iban a ser un éxito de ventas porque las páginas web radiales de la ciudad se reventaban con solicitudes y consultas de arriendo, sin embargo, el alza sostenida de precios producto de los sueldos que ofrece la minería terminó por levantar una barrera económica que no ha podido ser superada por muchas familias.

Mientras tanto, en otros sectores residenciales de la comuna surgen diversas tomas ilegales de terreno como otro síntoma de la débil y lenta respuesta que tanto el mercado como el Estado dan a las demandas de los copiapinos. Sumado el mínimo nivel de riesgo moral de los pobladores de las tomas ilegales con una pobre política habitacional local, se van formando y regenerando cordones de marginalidad en los cerros más agrestes de Copiapó ante la paciencia y permisividad del Gobernador que al no desalojar estas tomas ilegales pone en serio riesgo a los pobladores si se considera que no poseen acceso al agua potable ni a electricidad (pero sí poseen grandes vehículos y mediaguas más grandes que las casas de las poblaciones adyacentes, a las que nuestros vecinos y padres postularon veinticinco años atrás con verdadero esfuerzo y necesidad). Los pobladores además de vulnerar el derecho de propiedad, atentan contra la salud y calidad de vida de sus propias familias, una fuerte lluvia podría barrer con sus viviendas o un incendio podría poner en riesgo la vida de los habitantes de las mediaguas. ¡Cuán poco se ha aprendido del incendio en las poblaciones de los cerros de Valparaíso!

Ciertamente que existe un problema, una falta de oportunidad en la acción pública del Estado cuya acción se basa en la entrega de subsidios de vivienda social o impulsa el arriendo, pero siendo francos, ¿no hará falta algún incentivo mayor a la construcción, a la regulación del alza de los precios en general, o la denominación de Atacama como una región extrema? También la escasez hídrica es un agravante, si es que no una raíz del problema tratado, por cuanto el agua es un recurso indispensable tanto en la construcción de conjuntos habitacionales como en la posterior distribución del bien destinado al consumo humano. Ya es indesmentible que nuestra cuenca hídrica no está dando el ancho con las necesidades humanas e industriales de la región puesto que por la distribución geográfica de los asentamientos humanos e industriales la gran minería es la primera en cortar la primera y gran tajada de flujo acuífero para que el resto lo pelee el agro copiapino y la población... si adherimos a la batalla a las constructoras el panorama empeora más. El agua, recurso de composición natural para el sustento vital es también un recurso económico para el sustento material y que por lo tanto se transa en un mercado cuya industria está débilmente regulada.

En el lenguaje de las políticas públicas y a la luz de la teoría aportada por John Kingdon, el desarrollo de una política seria consiste de la existencia de tres tipos de procesos que fluyen por corrientes distintas y paralelas, a saber, una definición y delimitación del problema público, una serie de alternativas debidamente estudiadas y contrastadas científicamente, y un proceso político en donde diversos actores de poder están dispuestos a avalar e impulsar alguna solución. Afortunadamente, el aporte teórico de John Kingdon va mucho más allá de lo mencionado, que sin embargo, es lo medular y para efectos de esta columna no es necesario ahondar. Una vez que estas tres corrientes de procesos confluyen se abre una ventana de oportunidad que ofrece justamente a la autoridad pública la chance de dar categoría de problema público a una situación negativa, pero ello no siempre está destinado a suceder y por tanto he ahí la importancia de los eventos focalizantes mencionados párrafos atrás.

¿Y qué hay de todo esto en la política pública habitacional en Copiapó? La buena fe institucional permitiría dar por hecho la definición del problema con un respectivo árbol de problema y objetivos en que se identifiquen claramente los flancos a intervenir y los parámetros, las situaciones deseadas y en relación a esto, una serie de alternativas de solución a implementarse. No obstante, la tercera corriente está ausente, perdida, oculta, arcana. La necesidad de que algún parlamentario/a, alcalde, autoridad central u organizaciones de la sociedad civil tomen valientemente esta bandera de lucha (a la luz de toda evidencia, abandonada o poco considerada en las arenas de la política) es urgente. También urge que la autoridad pública no espere eventos desastrozos al respecto para tomar decisiones, sino que se involucre de oficio en avanzar a las reales soluciones que el problema amerita. Si bien el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet contempla un programa ambicioso y generoso con énfasis en tres principales reformas del Estado (educacional, tributaria y constitucional) que requiere una concentración de los esfuerzos y los recursos para su logro en cuatro años, ello no constituye una excusa para descuidar el resto de políticas sectoriales en donde se ubicaría la habitacional.

Son tantos los desincentivos para vivir en Copiapó que deberían abortar per se cualquier voluntad de raigambre en la zona, tantos son los desincentivos que cuesta creer que sólo por dinero migrantes nacionales e internacionales estén dispuesto a venir a probar suerte sin la garantía más mínima de éxito. Vislumbra, pues, la poca capacidad de atracción que tienen otros polos de desarrollo y de actividad económica para mantener a sus habitantes en sus zonas respectivas, tanto en el resto de Chile como en el vecindario. Las razones del problema vivienda están a la vista, una solución efectiva no tanto, ni en el corto plazo ni en el mediano, lo que es lamentable si se entiende que una vivienda conforma el hogar donde reside el núcleo de la base de la sociedad (la familia) y que por lo tanto debiera tener un trato más acucioso y ambicioso, el trato digno que merece el lugar que los chilenos elegimos para vivir.

El chaleco con rombos

Hace pocos días veía un programa de televisión chileno en que la periodista Pamela Jiles junto al diseñador Luciano Brancoli analizaban lo importante que era en términos de imagen tener un estilo propio de vestir en la política. Observaban el estilo de Ricardo Lagos, el de Cecilia Morel y el estilo que no tenía o que no quería tener el Presidente (mejor no lo nombro porque dicen que trae mala suerte). 

Reflexioné de lo aburrido que es andar con el cuello, corbata y el típico terno. Entonces decidí buscar mi estilo de vestimenta para el día en que trabaje en el servicio público de Chile: el chaleco con rombos con camisa o polera con cuello y pantalones de tela que transiten en el espectro del beige y el café, aunque confieso que los montgomeries me seducen bastante y que los vestiré en ocasiones de extrema solemnidad, de vejez (si el físico no me acompaña), de lluvia y en las noches de invierno con bufandas de lana blanca y guantes. El chaleco con rombos será el estilo que yo imponga dentro de la gestión pública y del giro laboral de las oficinas. Basta de hombres tiesos, empaquetados con una envoltura que no les viene, con ternos que no se distinguen entre lo gris de la ciudad. La época del chaleco con rombo viene a marcar la diferencia, compatriotas, sea con o sin manga. Prepárense para ver cómo suben en las encuesta los ministros y ministras romboides. 

Una salvedad muy importante es que el chaleco con rombos viste mejor en generaciones jóvenes que en las más perpetuadas en el poder. No sería lo mismo ver a Kast o a Giorgio Jackson con rombos y pantalón de tela que ver a Chadwick con los mismos. También el tema pasa por la estética y la edad. A pesar de que avisto las críticas al estilo por parecer hijos de mamá y papá del barrio alto, el mateo del curso o que la forma es menos importante que el fondo, éste es un cambio en que se merece innovar e incentivar, lo que llega a ser incluso instrumental: a la gente que no haga bien su trabajo la obligaremos a volver al incómodo terno. 

Antes de concluir debo decir que: mi moda sugiere zapatos color café de preferencia carentes de cordón; el día en que envejezca y el rombo no me venga vestiré permanentemente el montgomery y en los días de calor una camisa o polera con manga corta y pantalón de tela, aunque si llego a ser un adulto mayor como don Héctor Noguera, jamás dejaré el rombo. 

Lamentablemente, no he pensado en vestimentas de mujeres en la administración pública, aunque lamentaría mucho que siguieran vistiendo estilos burócratas y uniformes como el de Matthei y Bachelet cuando el mundo de la moda les entrega más alternativas que vestir. 

Finalmente, creo que llegó la hora de romper las reglas que regulan y moldean la "informalidad" de ir a la oficina. Me declaro opositor a la vestimenta del presidente y a esas chaquetas rojas que visten en terreno. Las y los chilenos merecemos una clase dirigente guapa y bien vestida o que al menos hagan el intento; en ello Pamela Jiles tiene meridiana razón: como aspecto de forma y superficial, la vestimenta en política o gestión pública tiene un potencial no explotado ni explorado. E insisto, lectoras y lectores: la gestión pública juvenil tiene mucho en que innovar y mucha moda por imponer. ¡Que viva el rombo!